Muchas leyes, poco Derecho

Juan Manuel Blanco [en Vozpopuli.com]

Desvelaba el director de Vozpopuli en su última columna que el incombustible y contumaz ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, insatisfecho con la surtida gama de favores proporcionados a la Casa Real y aledaños, se descolgaba ahora con una retorcida ley para premiar a fiscales obedientes. Cualquier oportunidad es buena para embridar fiscales, amordazar jueces o ajustar montura y estribos a los miembros del CGPJ. Irresistible la inclinación de los políticos hacia esas leyes torticeras, abstrusas, auténticos laberintos con innumerables recovecos. Hacia unos textos legales interpretables al derecho, o al revés, siempre a gusto de los gobernantes. El sueño de cualquier jugador de ventaja.

El gigantesco crecimiento de la legislación en España es sólo comparable con la degradación de su calidad. Cientos de miles de leyes, complejas, ambiguas o contradictorias, pueblan las infinitas páginas de boletines oficiales. Y ofrecen un panorama desolador a los imprudentes que intentan abrirse paso en tan tupida maraña. Una selva casi impenetrable, plagada de trampas y arenas movedizas para quienes buscan el conocimiento de las normas. Interpretaciones discutibles, no sólo para el ciudadano común o el leguleyo, sino para el jurista más avezado. Una tela de araña de inseguridad jurídica que atrapa a los incautos, a los pequeños insectos.  

No se trata de candorosos intentos de resolver con descabelladas leyes los problemas causados por otras anteriores, acumulativo círculo vicioso de la estulticia que conduciría al absurdo. Algún conocido intelectual ha apuntado a la insuficiente preparación de la clase política, a una ignorancia cuantificable por la sequía de títulos en universidades extranjeras. Desorientada perspectiva. La deficiente formación acarrea menos males que la falta de escrúpulos. Los ignorantes bienintencionados son peligrosos, sí, pero mucho menos abundantes y dañinos que quienes se sirven del cargo con astucia y saber. Poco aporta la capacidad, la formación, cuando los dirigentes se mueven por perversos incentivos.  

Esa deliberada complejidad de las leyes

La sobreproducción, y la falta de transparencia de las de normas, no surgen de la ignorancia sino del interés de la clase política. Es la argamasa de un sistema marcado por la ausencia de controles y equilibrios, donde la voluntad y el capricho se sobreponen a los principios generales. La extrema complejidad legislativa no es accidental sino deliberada. Un artificial arcano para huir de la transparencia, de esas reglas claras y sencillas, comprensibles para todo el mundo. Para generar enormes ganancias a los avezados pescadores en este espectacular río revuelto.

La complicación y la incoherencia abren el abanico de las interpretaciones, eligiéndose en cada caso lo más conveniente para el poder. Una particular ley del embudo, donde los dirigentes pueden aplicar distintos raseros, a amigos o a enemigos,mientras cumplen aparentemente las normas. La puerta se abre de par en par a la arbitrariedad cuando los gobernantes no se encuentran sometidos a los oportunos controles.

Las disfuncionalidades no se deben a la mala calidad de la clase política, aunque ésta sea mejorable. Ni a meras actitudes miopes y egoístas, tan arraigadas como inevitables en la naturaleza humana. El fondo se encuentra en el peculiar funcionamiento del sistema político donde, de facto, el ejecutivo puede elaborar las leyes sin ningún tipo de control o cortapisa, ante la incomparecencia de quien ostenta estatutariamente esa responsabilidad: el legislativo. Con un parlamento convertido en una reunión de pulsa-botones a orden del jefe, las leyes no se someten a escrutinio real sino puramente formal. Ni siquiera existe el marcaje de un Tribunal Constitucional, nombrado a cuotas por los partidos.   

Una extensa derogación de leyes

Pocos fenómenos resultan tan perversos como la potestad del gobierno para promulgar leyes a voluntad, a su medida, sin ningún tipo de intromisión. Un conflicto de intereses que siempre se resuelve a favor de los puramente privados y partidarios, nunca del interés general. En grave riesgo se pone un país que otorga, de facto, la capacidad de elaborar la ley al mismo que ha de aplicarla. A ése que la cambiará a placer cuando no se ajuste a sus intereses. Por principio, debe ser un agente neutral y representativo quien establezca y modifique las reglas del juego. Nunca uno de los jugadores o parte interesada. De ahí la necesidad de un parlamento con verdadera autonomía, plenamente representativo de la ciudadanía y capaz de ajustar las leyes a los intereses generales.

Las leyes deben ser justas, universales y buscar el beneficio de todos. Difícilmente alcanzarán este ideal si son elaboradas por un poder ejecutivo deseoso de reforzar su influencia, de ensanchar su margen de discrecionalidad. De ahí el extremo retorcimiento de las leyes actuales, nunca con superficie lisa sino muy rugosa, repleta de discretos mangos y asas para agarradero de los gobernantes. El principio de legalidad, que contempla un gobierno sometido al imperio de la ley, no al capricho de algunas personas, acaba difuminándose cuando las leyes se supeditan a la voluntad del gobierno. No cabe mayor perversión.

Decía Montesquieu que “las leyes inútiles arruinan a las necesarias”, aseveración muy apropiada para una España que dispone de más de cien mil leyes, buena parte autonómicas. Se necesitarían unos 20 años para leerlas y quizá varias vidas para comprenderlas. No se trata de promulgar más leyes sino de derogar buena parte de las existentes. Que queden pocas, claras, justas y sencillas. De fácil conocimiento y comprensión para todos. Que actúen como eficaz barrera a la arbitrariedad de los gobernantes. Es hora de que los nuevos partidos recojan en sus programas, además de los controles, la separación de poderes y la autonomía del parlamento, la simplificación legislativa y la poda con machete. Urge la derogación de dudosas leyes antes de que la selva se apodere de todo. 

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