miércoles, 18 de septiembre de 2013

Fusionar para tapar

Juan Manuel Blanco [en Vozpopuli.com]
Llamativos son, cuando menos, los últimos datos del rescate a la banca en España. Aunque sería más correcto utilizar el término “reflotamiento de las cajas”, justo cuando asistimos al salvamento del hundido crucero 'Costa Concordia' con un derroche de medios comparable, si se salvan también las distancias. De los 61.000 millones de ayudas directas, las autoridades reconocen que ya se han perdido definitivamente 37.000, una cifra que supera el gasto total en prestaciones y subsidios de desempleo durante 2012. Pero probablemente nos encontramos ante un “suma y sigue” pues las pérdidas para el contribuyente podrían crecer en los próximos años, especialmente por dos vías de agua en el casco.
Podrían generar desembolsos adicionales los llamados esquemas de protección de activos, ese mecanismo público que asegura a algunas entidades financieras rescatadas contra la caída de valor de sus activos crediticios. Se trata de un aval que se ejecuta al materializarse la pérdida. Si las reconvertidas cajas experimentan una acrecentada morosidad, o cualquier otro fenómeno que cause minusvalía, el mecanismo se dispararía generando mayores pérdidas para el contribuyente.
También la controvertida Sareb podría proporcionar algún que otro disgusto a la Hacienda Pública. El llamado 'Banco Malo', establecido para comprar los dudosos activos inmobiliarios de las entidades financieras a un precio superior al de mercado, constituye una importante transferencia de riesgos desde la banca al contribuyente. Si la Sareb no logra colocar los activos a un precio superior al de adquisición incurrirá en pérdidas que recaerán mayoritariamente sobre el Presupuesto del Estado. Teóricamente, podría acabar obteniendo un resultado positivo pero este desenlace es poco habitual en España: la particular gestión de los recursos públicos suele beneficiar a unos pocos, cercanos al poder, a costa del ciudadano común, que acaba pagando los platos rotos. 
Se argumenta que España no es el único país que ha rescatado a entidades financieras. Existe, no obstante, una diferencia: en general, los Estados han recuperado los fondos aportados. Aquí, por el contrario, el grueso del desembolso ha implicado una ayuda a fondo perdido.
La fusión para forzar el rescate
La liquidación hubiera sido una opción razonable para aquellas cajas cuya quiebra no afectaba a la estabilidad del sistema financiero. Hubieran podido cerrarse algunas entidades no consideradas sistémicas por su reducido tamaño. Así, las perdidas habrían recaído preferentemente sobre los acreedores, no tanto sobre los contribuyentes. Sin embargo, los políticos optaron por impulsar las fusiones, no precisamente en frío, algo que no encontraba fácil explicación. Al fin y al cabo, de dos o tres cajas malas nunca saldría una buena. Ni un mayor tamaño permitía una sustancial reducción del coste unitario por la inexistencia de evidentes economías de escala.
Pero no se trataba tanto de una estrategia económica como de una jugada política. Al crecer, las cajas se iban convirtiendo en entidades sistémicas, conjurando así el peligro de que la opinión pública, o Bruselas, solicitasen su liquidación. El tamaño importaba, por supuesto, pues ayudaba a forzar el rescate. Las ayudas a fondo perdido serían menos cuestionadas si se trataba de una entidad enorme, pues pocos se atreverían a solicitar su cierre ante el potente argumento conocido como too big to fail. Se impulsaron, por tanto, unas fusiones no justificables por criterios económicos o financieros pero que se ajustaban bien a determinados intereses políticos.
¿Era el objetivo final proteger a los acreedores a costa del contribuyente? Puede, pero probablemente no era el motivo fundamental. Había que impedir que las entidades cayesen pues su quiebra generaría muchas preguntas, bastantes demandas y demasiadas investigaciones. Se trataba de ocultar bajo esa lluvia de millones el aprovechamiento ilícito, la lamentable gestión y los favores a los amigos, que caracterizaron la desastrosa trayectoria de unas cajas controladas por políticos y por grupos de intereses cercanos al poder.
Un jugoso botín para los políticos
Por pertenecer a todos los impositores, las cajas carecían de propietario claramente identificable. Políticos autonómicos, sindicatos y patronal aprovecharon tan afortunada indefinición para asaltar el jugoso botín, colocando en muchos Consejos a cuadrillas de personajes sin cualificación, honradez ni vergüenza, que llevaron a cabo una gestión desastrosa, cuando no presuntamente delictiva, estableciendo para sí sueldos millonarios, dietas abusivas y jubilaciones doradas. Su política de concesión de créditos siguió un criterio de amiguismo y conveniencia política, muy lejos de la necesaria prudencia bancaria y de la eficiente gestión. Como resultado, la bancarrota alcanzó a la mayoría de las Cajas sin que las investigaciones sobre lo sucedido hayan descubierto ni siquiera la punta del iceberg. Todos parecen haber salido ganando… menos el contribuyente.
A la larga, ese nítido mensaje de que aquí no se deja caer a ninguna entidad financiera, tiene también sutiles efectos indeseados. Algo que se conoce en economía como riesgo moral“Si sale bien gano yo, si fallo, paga el contribuyente” es una percepción que genera incentivos incorrectos, impulsando a los gestores bancarios a asumir un nivel de riesgo superior al razonable. Un círculo vicioso que podría requerir en el futuro mayor control y vigilancia bancarias, con el problema añadido de que en nuestro país nadie vigila al vigilante. Quizá por ello, la supervisión única europea para los grandes bancos, aun no siendo la panacea, podría aportar alguna mejora.
Sin embargo, pocos mensajes resultan tan constructivos y ejemplarizantes como la visión de unos dirigentes que cargan con todas las consecuencias de sus decisiones y sus actos. Es por ello imprescindible investigar todo lo acontecido durante los últimos años en las Cajas de Ahorros y depurar las oportunas responsabilidades, tanto de los que actuaron por acción cómo de los que pecaron por omisión mirando hacia otro lado. Aunque todo esto resulte muy incómodo a los partidos mayoritarios. O precisamente por ello. 

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1 comentario:

  1. ¿A cuantos ladrones se han encarcelado por este desaguisado?

    ¿Donde están los "entes públicos" que se decían defensores de los ciudadanos?, lease, BdeE, CNMV, "POLITICOS O CC SS

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