El reciente lanzamiento de dos proyectos para "impulsar la regeneración democrática en partidos e instituciones" atrajo muy poca atención en los medios. Y generó todavía menos entusiasmo entre los ciudadanos aun anunciando un control más estricto sobre los partidos y la regulación del ejercicio de altos cargos. Será que existe un justificado hastío ante esos anuncios infundados, esas piezas a medio camino entre la legislación y la propaganda, que se apilan en montañas de apolillados legajos y se amortizan antes de entrar en vigor. Ni el más ingenuo toma ya en serio estas propuestas, tan repetitivas como inútiles, aparentemente dirigidas a atajar la corrupción.
Estas medidas puntuales podrían funcionar en países como Suecia o Finlandia, donde la corrupción es excepcional, una conducta que se desvía de la norma. Allí donde el corrupto es un verso suelto que aprovecha su cargo, las lagunas en la supervisión y su falta de escrúpulos para enriquecerse. Pero siempre afrontando el riesgo de ser descubierto por unos organismos que actúan de forma objetiva, universalista e impersonal, atendiendo a la legalidad y al juego limpio.
Las propuestas anticorrupción convencionales provienen de un enfoque teórico donde el fenómeno corrupto aparece por las imperfecciones de la supervisión que ejerce un gobernante recto sobre un gestor público con intereses propios. Y las medidas consisten en estrechar la vigilancia o endurecer los castigos. Pero el esquema se derrumba cuando los gobernantes no son enemigos de la corrupción sino parte integrante de ella.
Partidos que pretenden controlarse a sí mismos
Cuando las organizaciones internacionales trataron de implantar las medidas en otras latitudes, los resultados fueron decepcionantes. Ni los controles funcionaban, ni los incentivos surtían efecto, ni los organismos especialmente trasplantados para detectar la corrupción cumplían su misión. Al contrario, la enorme presión acababa incorporando las nuevas estructuras burocráticas a la corriente corrupta. La estrategia difícilmente surtía efecto allí donde la corruptela no era esporádica sino generalizada y estaba muy bien organizada.
En países como el nuestro, la corrupción tiene una naturaleza muy distinta a la descrita por la teoría tradicional. No es un fallo puntual sino un elemento esencial del sistema. No es una desviación de la actividad pública sino el producto inevitable de la política, un fenómeno tan arraigado que sólo puede eliminarse a través de profundos cambios institucionales. Lejos de ser una transgresión, la corrupción forma parte de la norma, de la lógica de un régimen de acceso restringido. Es un caso particular del generalizado intercambio de favores.
La estrategia convencional es ineficaz cuando los partidos han capturado y puesto a su servicio las instituciones del Estado. Falla cuando la corrupción está organizada por unos políticos que convierten el Estado en instrumento de expolio, con grave menoscabo de la legitimidad y el imperio de la ley. En esos casos, los remedios tradicionales carecen del pivote fundamental: no existe organismo independiente capaz de ejercer el imprescindible control objetivo. De nada sirve aumentar las penas pues ningún corrupto las cumplirá. Ni imponer requisitos formales de supervisión pues, en la práctica, nadie vigila al vigilante. Con el largo brazo de los partidos alcanzando todos los rincones del Estado, cualquier órgano de supuesta fiscalización se compondrá invariablemente de sujetos nombrados a cuotas por los divinos jefes. El ejercicio de supervisión se convierte en una pantomima, una farsa donde los partidos ejercen a la vez de controladores y controlados.
Un perverso equilibrio
Así, la corrupción desemboca en un círculo vicioso que se realimenta sin cesar, un equilibrio perverso basado en lo que cada participante espera que hagan los demás. Lo correcto para una empresa sería no pagar comisiones pero la estrategia de supervivencia podría ser la contraria en un entorno donde las demás lo hacen. Y la experiencia repetida asienta la convicción de que se trata de la única vía posible. El intento de romper el círculo llevó en algunos países a curiosas iniciativas, con campañas publicitarias dirigidas a transformar las expectativas, a difundir un cambio de actitudes que conduciría a un futuro distinto (ver fotos).
Singular advertencia en Quito, Ecuador.
Cartel publicitario de la Anti-Corruption Commission cerca de Livingstone, Zambia.
En los regímenes basados en el intercambio de favores, los gobernantes muestran poco interés en frenar unas actividades corruptas que reportan cuantiosos beneficios. De ahí que los remedios convencionales sean casi siempre inoperantes, inocuos para las peligrosas termitas que corroen las vigas del edificio. Nadie sacará gran información de las cuentas oficiales de los partidos, que siempre se presentan "cuadradas y en regla", como Luis Bárcenas se encargó de demostrar. El énfasis debe ponerse en la transparencia de la Administración pues Internet y las nuevas tecnologías son una vía perfecta para la intervención de un nuevo agente capaz de ejercer una supervisión más eficaz, de dar la alarma al detectar algún caso sospechoso: los ciudadanos.
La mejor Ley de Transparencia es aquella que no existe. Basta con una disposición que obligue a los organismos públicos a aportar toda su documentación, salvo casos excepcionales debidamente justificados, y ponerla a disposición de los verdaderos propietarios, esos que pagan las facturas: los contribuyentes. Escamotear dinero público resultaría mucho más difícil con millones de ojos observando y escudriñando hasta el último euro a través de Internet. Eso sí, la posibilidad de que se aplique esta medida es muy, muy remota.
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