A veces no es mala fe; tan sólo ignorancia

Juan Manuel Blanco

Decía Groucho Marx que la política “es el arte de crear un problema para poder aplicar la solución equivocada”. Desgraciadamente, el gran cómico americano no vivió lo suficiente para comprobar que su graciosa frase acabaría describiendo, con gran precisión, la gestión de tantos dirigentes españoles que, al comprobar el fracaso total de una medida (incluso con un evidente empeoramiento del problema que pretendían resolver) siguen justificando su proceder con frases del tipo: “la ley era buena pero los resultados no han sido los deseados por una insuficiente dotación presupuestaría”. Como es de esperar, cuando finalmente se incrementa sustancialmente el gasto asociado y la intensidad de la medida, suelen observar decepcionados que, lejos de resolver el problema, lo único que han logrado es ¡agravarlo todavía más! No hace falta ser muy perspicaz para saber que si el medicamento que se administra al paciente no es el indicado para su dolencia, es imposible curar la enfermedad doblando la dosis.

Las medidas que proponen y ponen en práctica los políticos fracasan muchas veces porque, en el fondo, su objetivo no consiste tanto en mejorar el bienestar de los ciudadanos como en favorecer los propios intereses de los dirigentes. En otras ocasiones, sin embargo, las medidas tienen buena intención pero los que las diseñan carecen de la información, formación o capacidad suficientes para poder determinar todos sus efectos. Se trata generalmente de políticas torpes que pretenden resolver problemas complejos con recetas extremadamente simplistas aunque, con demasiada frecuencia, bastante onerosas para los contribuyentes. No cabe en estos casos argumentar mala fe sino ignorancia, desconocimiento y grandes dosis de atrevimiento.

Ni siquiera para los individuos es siempre sencillo tomar buenas decisiones para sí mismos. La realidad es compleja y cambiante y el futuro está plagado de incertidumbres. Mucho más complejo resulta proponer y aplicar medidas adecuadas cuando se sobrepasa el ámbito individual y la decisión afecta a todo el colectivo social, algo característico de la política. En estos casos, a la incertidumbre hay que añadir el hecho de que las medidas políticas y los cambios legislativos dan lugar a complejas modificaciones en los incentivos de millones de individuos y en sus expectativas, algo que previsiblemente alterará su comportamiento y su forma de interactuar con otros sujetos. Surge entonces el conocido fenómeno de las consecuencias imprevistas o no deseadas de las políticas: el resultado final puede ser otro muy distinto al previsto. La iniciativa puede incluso provocar unos incentivos perversos en los individuos, consiguiendo un resultado contrario al que se pretendía. La historia es rica en ejemplo en las que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Las decisiones políticas deben llevarse a cabo tras un concienzudo y riguroso análisis de sus previsibles consecuencias y aplicar un principio de prudencia: si no se conocen con relativa certeza los efectos de una medida, mejor no tomarla o aplazarla hasta mejor momento. Y, naturalmente, los encargados de tomar estas decisiones deben poseer la cualificación y conocimientos suficientes para poder comprender todo el proceso y valorar pros y contras. Sin embargo, durante todos estos años, el parlamento nacional y los autonómicos han venido generando toneladas de nueva legislación o cambios en la existente, modificando así de manera constante las reglas del juego sin grandes reflexiones previas sobre sus consecuencias últimas. La prensa recoge dos casos destacados esta misma semana. Se ha procedido a una enésima modificación del código penal (al parecer, ha sido cambiado 22 veces desde el año 1995), recogiendo que la responsabilidad penal, que desde siempre ha sido exclusiva de las personas físicas, se amplia a las personas jurídicas (casualmente, quedan excluidas de esta responsabilidad penal, las instituciones públicas, los partidos y los sindicatos). La segunda de ellas es la definitiva aprobación de la ley antitabaco, que prohibirá fumar en los locales cerrados de uso colectivo, incluidos bares y restaurantes. Y la dudas que me surgen son las siguientes ¿alguien ha estudiado las previsibles consecuencias de estas medidas? ¿conocen realmente los diputados lo que votan y sus consecuencias? No resulta sencillo saber de antemano, por ejemplo, si la ley antitabaco logrará que la gente deje de fumar o, más bien, tendrá como resultado el cierre de un número apreciable de locales de hostelería con un incremento del desempleo y de las personas en situación realmente apurada. Creo que todos sospechamos el previsible resultado pero, en todo caso, la prudencia dicta siempre no aprobar una medida si existe la razonable posibilidad de que se generen estos efectos perversos. Como mucho, cualquier dirigente responsable retrasaría su aprobación a otros momentos en lugar de aplicarla ahora, con muchas empresas al borde de la quiebra. A no ser, claro, que a ninguno de los de arriba les importe lo más mínimo lo que pueda suceder. Y ni siquiera hayan oído hablar nunca de las consecuencias imprevistas o no deseadas de las políticas.

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