lunes, 17 de octubre de 2011

Una profunda crisis de legitimidad

Juan Manuel Blanco (en Vozpopuli.com)
La semana pasada sostenía que, en el actual marco político, resultaba poco probable que nuestros dirigentes acometiesen con energía y convicción aquellas reformas económicas imprescindibles para garantizar nuestro futuro en el largo plazo. Hoy argumentaré que, sin una eficaz remodelación de nuestro sistema político, es igualmente difícil que los ciudadanos acepten algunas de estas reformas económicas. El motivo es simple: para realizar cambios profundos que pudieran implicar algunas renuncias para algunos segmentos de la población, es conveniente disponer de una elevada dosis de legitimidad.

La cuestión de la legitimidad del poder ha sido objeto de discusión permanente en la historia del pensamiento. Aunque la esencia del Estado pueda consistir en el monopolio de la violencia, el poder no puede basarse permanentemente en el mero uso de la fuerza: debe disfrutar de un cierto grado de aceptación por parte de los ciudadanos. Tal como señalaba Rousseau, “el más poderoso nunca es lo suficientemente fuerte como para prevalecer siempre, a no ser que transforme su fuerza en derecho y la obediencia en deber”.

La legitimidad, concepto que trasciende el mero apoyo a un partido o gobierno, aparece cuando los ciudadanos consideran que la autoridad se ejerce de manera correcta o justa, de acuerdo con las ideas y valores imperantes. De este modo, la gente cumpliría las reglas o normas, no por interés o temor al castigo, sino por convicción. Por su propia naturaleza, la legitimidad constituye un capital que los gobernantes van acrecentando o perdiendo, en función de sus acciones. Y puede permitir que los ciudadanos acepten decisiones que van en contra de sus intereses inmediatos si éstos consideran que el poder actúa generalmente de manera limpia y justa.

En la actualidad, los estudios señalan que no basta la elección por sufragio para gozar de legitimidad suficiente. Para obtenerla, los ciudadanos deben percibir que a) los gobiernos ejercen el poder de acuerdo con las leyes, normas y costumbres vigentes, de manera que sus acciones sean fiables y previsibles, b) los gobernantes ajustan su comportamiento a los valores sociales prevalecientes c) la acción del Estado es eficaz y, por tanto, fomenta el bienestar de la sociedad. A nadie se le escapa que muchos gobernantes intentan conseguir dosis de legitimidad de manera indirecta, cambiando la percepción o los valores vigentes a través de la propaganda o el control de los medios de comunicación pero esta vía tiene, a la larga, una eficacia limitada.

¿Poseen nuestros políticos la legitimidad suficiente a los ojos de los ciudadanos? Si bien este concepto es difícil de medir, una señal alarmante es que, según los Barómetros del CIS, en los últimos 10 años la confianza conjunta de los ciudadanos en Gobierno y Oposición ha caído en 21 puntos: de 53,8 a 32,4. Careciendo de credibilidad suficiente, las autoridades pueden afrontar graves dificultades al tomar decisiones impopulares, pero necesarias, corriendo el riesgo de resistencia y violencia.

No puede sorprender la pérdida de legitimidad de nuestras instituciones a los ojos de los ciudadanos cuando el ejercicio del poder no ha resultado precisamente constructivo ni ejemplar. Al tiempo que se iban desmontando la mayor parte de los mecanismos de control del poder, hemos podido presenciar demasiadas apaños y componendas con la legalidad, hasta el punto de casi convertir al Tribunal Constitucional en una parodia de sí mismo. Se ha ido creando una maraña de normas y regulaciones, especialmente autonómicas, imposibles de cumplir, que conducían al abuso y a una muy extendida corrupción. Hemos asistido a cambios en las reglas del juego dirigidos a favorecer intereses particulares, olvidando que las concesiones, dádivas, regalos o privilegios a ciertos grupos crean apoyo pero restan legitimidad, pues son una evidente señal de arbitrariedad. Y hemos sufrido un sistema perverso de selección de los políticos por el que puestos clave del Estado han sido ocupados por personas que no reúnen, ni de lejos, las cualificaciones necesarias para llevar a cabo dignamente tan alta responsabilidad.

Un régimen escaso de credibilidad tiende a producir gobiernos débiles e incapaces de tomar decisiones importantes. Para aplicar las reformas económicas, y sobreponerse a la reacción de los grupos de presión, los políticos deben recuperar legitimidad mediante una reforma política profunda que restaure en España los principios fundamentales de la democracia clásica: separación de poderes, instituciones no partidistas y mecanismos de control del poder. Se trata de garantizar, de una vez y para siempre, que el Estado actuará de manera objetiva e impersonal, en lugar de constituir una red de intereses de grupos o partidos y que las leyes serán estables, sencillas de cumplir y aplicables de forma universal y neutral a cada uno de los individuos, con independencia de su posición social o política.

Sólo una ganancia de legitimidad puede compensar eficaz y pacíficamente los traumas de una reforma económica y llevar a la ciudadanía al convencimiento de que, aunque dolorosas, las decisiones son justas e imprescindibles en el largo plazo. Resulta muy difícil pedir a los demás ciertas renuncias sin abandonar antes los propios privilegios. Y muy complicado solicitar algunos sacrificios (y no digamos ya “sangre, sudor y lágrimas”) sin tener, ni de lejos, la talla de un Winston Churchill.

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5 comentarios:

  1. Queridos amigos. La Sociedad Civil está en marcha y ha pedido en el Congreso Español:
    1.- Reforma constitucional que reconozca y potencie la Iniciativa legislativa popular , con: Reducción del número de firmas acreditadas necesarias; extensión de la iniciativa a materias propias de ley orgánica y de reforma constitucional; simplificación del procedimiento de presentación y de tramitación parlamentaria de la iniciativa popular; y finalmente, reconocer la iniciativa legislativa popular revocatoria de leyes aprobadas por el Parlamento.

    2.- Reforma constitucional para la independencia judicial , por la que ningún cargo de partido, ni miembro del Gobierno y asimilados, que lo sean por nombramiento político, puedan acceder al ejercicio de la función jurisdiccional.

    3.- Transformar el actual Estado de las Autonomías y en general, crear una organización territorial del Estado eficiente y susceptible de ser costeada.

    4.- Reducción del número de Ayuntamientos allí donde el tamaño, la viabilidad económica y la proximidad, aconseje agrupar varios municipios y pedanías, bajo un único órgano rector.

    5.- El Articulo 2 de la Constitución . deberá quedar redactado como sigue: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la igualdad y el derecho a la solidaridad, entre todas las regiones y provincias de España.”

    6.- El Articulo 3 de la Constitución , en sus apartados 1 y 2, quedará redactado del modo siguiente.

    3.1.- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Su enseñanza, uso y aprendizaje es irrenunciable.

    3.2.- Las demás lenguas españolas gozarán de protección estatal, pudiendo ser objeto de enseñanza y aprendizaje como segunda lengua a elección de los progenitores, pero nunca en detrimento del idioma oficial de España.

    7.- Una nueva ley del Referéndum Popular , tanto consultivo como vinculante, ampliando las materias que puedan ser objeto del mismo, modificando las mayorías necesarias para su convocatoria y su aprobación, introduciendo los medios de la era digital en la que actualmente vivimos, constituyendo Internet una herramienta necesaria y práctica para el voto no presencial, con todas las garantías.

    8.- Sistema financiero: Recapitalización con fondos públicos de las entidades financieras que lo necesiten, incluso nacionalizándola si fuera preciso, siempre antes del 31 de diciembre de 2011 . Aprobación de límites a la compra de deuda pública.

    9.- Reforma del sistema de convenios colectivos , para que dejen de ser obligatorios.

    10.- Obligación de que Sindicatos y Asociaciones empresariales presenten sus balances y cuentas de resultados en el registro mercantil, como hacen la totalidad de empresas y otro tipo de entidades empresariales y fundaciones en España

    11.- Supresión de las subvenciones generalizadas por parte de todas las administraciones a todo tipo de empresas, fundaciones y organismos, salvo casos claros, y expuestos públicamente.

    12.- Transferir el sistema de formación de los trabajadores , es decir, las políticas activas de empleo, a un organismo dependiente del Ministerio de Educación, sin intervención sindical.

    13.- Reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal , en todos los aspectos que limitan su independencia.

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  2. Queridos amigos. Segunda Parte
    14.- Introducir modificaciones en el sistema de financiación de las elecciones, estableciendo límites a los gastos electorales , perfeccionando el sistema de control por parte del Tribunal de Cuentas .

    15.- Reforma del Sistema Electoral Español, en orden a consagrar, incluso constitucionalmente, el principio democrático de “ un hombre, un voto y con el mismo peso político .”

    16.- Instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, para que implementen herramientas digitales de democracia participativa y deliberativa .

    17.- Eliminación de cualquier estatuto jurídico privilegiado para la clase política .

    18.- Responsabilidad civil, y/o penal, para todas aquellas personas que gestionen irresponsablemente, o irregularmente, fondos públicos .

    19.- Eliminación de la financiación publica de los partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones de partidos y ONGs de dudoso servicio a la sociedad.

    20.- Establecimiento por Ley de penas muy severas para aquellos jueces y fiscales que con abandono del derecho, dicten resoluciones o actúen por servilismo político o por motivos espurios de las personas físicas que encarnan el poder judicial en cada momento.

    21.- Realizar una profunda reestructuración de las funciones y cometidos del Estado. Recuperar el principio de excelencia en la Administración Pública. Recuperar el principio de Administración Única y eficiente, descentralizando funciones para acercar el control del poder a los ciudadanos.

    22.- Sin censura previa, se reclama una ley que regule la actividad de los medios de comunicación y que establezca responsabilidades civiles y penales capaces de disuadir de la utilización torticera de su poder, especialmente cuando se usa en calidad de terminal mediática de los partidos políticos

    23.- Creación de una Facultad Universitaria de Administración Pública con el grado de licenciado para la formación de los futuros funcionarios, sin perjuicio de tener que superar las oposiciones que puntualmente se convoquen para los puestos específicamente demandados en cada convocatoria.

    24.- Arbitrar el sistema para que cada electo responda directa y personalmente de sus decisiones políticas ante sus electores , al margen de cual sea el partido político que lo nomine.

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  3. ¿Que es La Sociedad Civil, Tácito?

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  4. EL P.P. ES COMPLICE POR PASIVA, APARTE DE INSTAURAR EL LIBERALISMO ESPECULADOR Y SIN CONTROL POLITICO, JUDICIAL NI CIUDADANO, SU OPOSICION MEDIOCRE Y HASTA AMIGA, COHABITANDO CON LAS ELITES NACIONALISTAS, Y ESPERANDO QUE CAYESE LA FRUTA MADURA DE LA MONCLOA... Y ESA FRUTA, EL TONTO DE RAJOY NO SABE QUE SUELE VENIR RECALENTADA E INSANA, O AGUSANADA Y PODRIDA. gracias, CAMPS, POR DARNOS AL RAJOY FVII DESDE EL ARZOBISPADO LEVANTINO CATALANISTA.

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  5. Muy buen artículo, Juan Manuel. Gracias por tener una mirada imparcial, serena y madura. Ahora hay que abogar por la Reforma de la Ley Electoral para al menos una mayor legitimidad representativa, aunque sea harto improbable llevarla a cabo con gobiernos con mayoría absoluta. www.reformaleyelectoral.info

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