Pocas actitudes resultan más ingenuas o, por el contrario, más arteras, taimadas y retorcidas, como aquellas que, solicitando el esclarecimiento del lamentable caso Bankia, exigen la correspondiente investigación parlamentaria. Flagrante contradicción. En España, las comisiones formadas por diputados o senadores gozan de las llamativas cualidades atribuidas al legendario Triángulo de las Bermudas: todo cuanto pasa por allí desaparece y su rastro se esfuma como si nunca hubiera existido, ninguna circunstancia se aclara, los hechos que parecían nítidos se embrollan, algunos pierden la memoria tras ser abducidos y el fenómeno genera caudalosos e inmerecidos ríos de tinta.
Llegar al fondo de los hechos, y asignar con justicia responsabilidades políticas, requiere comisiones con miembros independientes, libres de ataduras, resistentes a las presiones, ecuánimes, imparciales, deseosos de conocer la verdad y, sobre todo, carentes de relación alguna con los hechos investigados. Ardua y penosa tarea la de buscar y encontrar a un puñado de señorías con tamañas cualidades.
Aun siendo calificado como el órgano de representación de la soberanía popular, el Congreso de los Diputados responde a duras penas a tan ceremoniosa definición. Su peculiar funcionamiento, marcado por una omnipresente disciplina de voto, convierte sus sesiones en una aburrida función de teatro, dirigida por los corifeos de los partidos. No hay actor o figurante capaz de abandonar el pobre, rígido y repetitivo libreto, sea para pronunciar un discurso, exponer una idea, materializar un voto o sumarse a un aplauso o a un abucheo. La obediencia ciega al partido, por encima de la defensa de los intereses de los representados, degrada la condición del diputado a un mero engranaje de la larga correa de transmisión que vertebra todo el régimen partitocrático.
Unas comisiones de investigación muy poco independientes
Existe una probabilidad casi nula de que estas comisiones pudieran acercarse a la verdad de los hechos, o aclarar caso alguno, ya que los diputados carecen de independencia y libertad de actuación, no pueden permitirse imparcialidad o ecuanimidad por encima de las órdenes que reciben y, sobre todo, sus partidos se encuentran involucrados hasta las cejas en todos y cada uno de los asuntos que pudieran ser investigados. No constituye precisamente una excepción el caso de unas cajas de ahorros manejadas a voluntad y antojo por representantes de los partidos, no tanto en interés de impositores y ciudadanos como en beneficio propio y de amigos y allegados. Abierta una hipotética investigación parlamentaria, los partidos no sólo serían juez y parte sino que añadirían para sí los estelares papeles de fiscal, abogado defensor, testigo, miembro del jurado, alguacil e, incluso, reportero acreditado.
La experiencia señala que, cuando la comisión viene marcada por el desacuerdo entre los dos grandes partidos, las sesiones se asemejan a una disputa barriobajera, donde cada uno procura desenterrar las vergüenzas del rival y tapar las propias, mientras la barahúnda dialéctica desvía la atención de una parte de la opinión pública hacia lo morboso, espectacular o llamativo, olvidando la objetividad y las cuestiones de fondo. Si se formasen bajo el signo del acuerdo, resultarían mucho más aburridas pero conservarían la inutilidad para esclarecer asunto alguno.
El cine y la televisión no sólo han importado de América la celebración de Halloween o la moda de inscribir a los recién nacidos con determinados nombre de pila: también la propensión a solicitar comisiones parlamentarias, en la creencia de que aportan alguna utilidad práctica. Se olvida que, en EEUU, congresistas y senadores gozan de considerable independencia de sus partidos y que éstos no impregnan toda la estructura social y económica. Sin embargo, la investigación parlamentaria bien podría constituir aquí un señuelo, una quimera que muchas personas, y cierta parte de la prensa, exijan y cuya concesión, tan inútil como vistosa, pudiera ser vendida, igual que en pasadas ocasiones, como una gran victoria de la ciudadanía.
Hacia una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Fondos
Desgraciadamente, no es en EEUU sino en Argentina donde podemos encontrar la inspiración adecuada. En 1983, el presidente Raúl Alfonsín nombraba la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” que, investida con amplios poderes y presidida por el escritor Ernesto Sabato, investigó los casos de personas en paradero desconocido tras ser detenidas por la dictadura militar. Con muy buen criterio, el grupo estaba formado mayoritariamente por personalidades independientes, con prestigio en cada uno de sus campos.
Un buen antecedente para que la presión ciudadana en España se encamine de una vez en el sentido adecuado. Concretamente, hacia la creación de una “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Fondos”, que debería indagar lo sucedido en Bankia y en otras cajas quebradas. Se necesitan expertos, personalidades independientes, con criterio, sentido de la decencia, responsabilidad, resistencia a las presiones y, sobre todo, capacidad de trabajar a destajo pues actividades sospechosas no habrían de faltar.
Por supuesto, se trata de un objetivo lejano, difícilmente realizable. Pero no porque los partidos mayoritarios se opongan frontalmente a este tipo de iniciativas, algo ya descontado, sino porque la descoordinada presión de la calle parece mucho más centrada en el muy corporativo “no me recortes a mí, recorta a otro” que en exigir aquellas reformas cruciales para nuestro futuro.
El conocimiento de la verdad podría conducir a una catarsis que corrija el equivocado rumbo de los últimos tiempos. Sin embargo, si algunos pretenden que sean los partidos quienes, como de costumbre, “depuren” sus propias responsabilidades, deberían ser advertidos de que, a estas alturas de la crisis, ya no están los ánimos del respetable para números de escapismo, trucos de prestidigitación, decorados de cartón piedra ni toreos de salón.
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Llegar al fondo de los hechos, y asignar con justicia responsabilidades políticas, requiere comisiones con miembros independientes, libres de ataduras, resistentes a las presiones, ecuánimes, imparciales, deseosos de conocer la verdad y, sobre todo, carentes de relación alguna con los hechos investigados. Ardua y penosa tarea la de buscar y encontrar a un puñado de señorías con tamañas cualidades.
Aun siendo calificado como el órgano de representación de la soberanía popular, el Congreso de los Diputados responde a duras penas a tan ceremoniosa definición. Su peculiar funcionamiento, marcado por una omnipresente disciplina de voto, convierte sus sesiones en una aburrida función de teatro, dirigida por los corifeos de los partidos. No hay actor o figurante capaz de abandonar el pobre, rígido y repetitivo libreto, sea para pronunciar un discurso, exponer una idea, materializar un voto o sumarse a un aplauso o a un abucheo. La obediencia ciega al partido, por encima de la defensa de los intereses de los representados, degrada la condición del diputado a un mero engranaje de la larga correa de transmisión que vertebra todo el régimen partitocrático.
Unas comisiones de investigación muy poco independientes
Existe una probabilidad casi nula de que estas comisiones pudieran acercarse a la verdad de los hechos, o aclarar caso alguno, ya que los diputados carecen de independencia y libertad de actuación, no pueden permitirse imparcialidad o ecuanimidad por encima de las órdenes que reciben y, sobre todo, sus partidos se encuentran involucrados hasta las cejas en todos y cada uno de los asuntos que pudieran ser investigados. No constituye precisamente una excepción el caso de unas cajas de ahorros manejadas a voluntad y antojo por representantes de los partidos, no tanto en interés de impositores y ciudadanos como en beneficio propio y de amigos y allegados. Abierta una hipotética investigación parlamentaria, los partidos no sólo serían juez y parte sino que añadirían para sí los estelares papeles de fiscal, abogado defensor, testigo, miembro del jurado, alguacil e, incluso, reportero acreditado.
La experiencia señala que, cuando la comisión viene marcada por el desacuerdo entre los dos grandes partidos, las sesiones se asemejan a una disputa barriobajera, donde cada uno procura desenterrar las vergüenzas del rival y tapar las propias, mientras la barahúnda dialéctica desvía la atención de una parte de la opinión pública hacia lo morboso, espectacular o llamativo, olvidando la objetividad y las cuestiones de fondo. Si se formasen bajo el signo del acuerdo, resultarían mucho más aburridas pero conservarían la inutilidad para esclarecer asunto alguno.
El cine y la televisión no sólo han importado de América la celebración de Halloween o la moda de inscribir a los recién nacidos con determinados nombre de pila: también la propensión a solicitar comisiones parlamentarias, en la creencia de que aportan alguna utilidad práctica. Se olvida que, en EEUU, congresistas y senadores gozan de considerable independencia de sus partidos y que éstos no impregnan toda la estructura social y económica. Sin embargo, la investigación parlamentaria bien podría constituir aquí un señuelo, una quimera que muchas personas, y cierta parte de la prensa, exijan y cuya concesión, tan inútil como vistosa, pudiera ser vendida, igual que en pasadas ocasiones, como una gran victoria de la ciudadanía.
Hacia una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Fondos
Desgraciadamente, no es en EEUU sino en Argentina donde podemos encontrar la inspiración adecuada. En 1983, el presidente Raúl Alfonsín nombraba la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” que, investida con amplios poderes y presidida por el escritor Ernesto Sabato, investigó los casos de personas en paradero desconocido tras ser detenidas por la dictadura militar. Con muy buen criterio, el grupo estaba formado mayoritariamente por personalidades independientes, con prestigio en cada uno de sus campos.
Un buen antecedente para que la presión ciudadana en España se encamine de una vez en el sentido adecuado. Concretamente, hacia la creación de una “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Fondos”, que debería indagar lo sucedido en Bankia y en otras cajas quebradas. Se necesitan expertos, personalidades independientes, con criterio, sentido de la decencia, responsabilidad, resistencia a las presiones y, sobre todo, capacidad de trabajar a destajo pues actividades sospechosas no habrían de faltar.
Por supuesto, se trata de un objetivo lejano, difícilmente realizable. Pero no porque los partidos mayoritarios se opongan frontalmente a este tipo de iniciativas, algo ya descontado, sino porque la descoordinada presión de la calle parece mucho más centrada en el muy corporativo “no me recortes a mí, recorta a otro” que en exigir aquellas reformas cruciales para nuestro futuro.
El conocimiento de la verdad podría conducir a una catarsis que corrija el equivocado rumbo de los últimos tiempos. Sin embargo, si algunos pretenden que sean los partidos quienes, como de costumbre, “depuren” sus propias responsabilidades, deberían ser advertidos de que, a estas alturas de la crisis, ya no están los ánimos del respetable para números de escapismo, trucos de prestidigitación, decorados de cartón piedra ni toreos de salón.
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Con todos mis respetos.
ResponderEliminarSi hubieran (VERDADERAS)comisiones de investigación tanto en esta trama, COMO ENTRE OTRAS TANTAS, tanto los políticos (todos? o la gran mayoría?) como sus afines incluyendo a la banca, se quedarían con el cu.. al aire, luego entonces... cómo se les ocurre que estas se puedan llevar a cabo?
Corruptos y vendidos... seguramente! pero... de idiotas los políticos no tienen un pelo. ¿O no?
Anónimo dijo...
ResponderEliminarCon todos mis respetos.
Si hubieran (VERDADERAS)comisiones de investigación tanto en esta trama, COMO ENTRE OTRAS TANTAS, tanto los políticos (todos? o la gran mayoría?) como sus afines incluyendo a la banca, se quedarían con el cu.. al aire, luego entonces... cómo se les ocurre que estas se puedan llevar a cabo?
Corruptos y vendidos... seguramente! pero... de idiotas ¡¡¡NAH!!!
PERDÓN, LO REPITO POR QUE SE ME PASÓ INCLUÍR A <<< LOS SINDICATOS >>> el otro GRAN PROBLEMA!
Hay una solucion que no perjudica a nadie, salvo a los responsables, esta es que ocurra lo mismo con los bancos que con los hipotecas que no se pueden pagar.
ResponderEliminarLos bancos españoles deben mucho dinero a otros bancos extranjeros, estos estarian encantados en quedarse con aquellos y no perjudicarian en nada a España ni a los españoles.
Esta es la solucion pero nadie la quiere.
En el circo todo es posible, fiscalías que no actúan , jueces que prevarican y un largo etc, el caso faisán es otro caso de aquello que se denomina " cloacas del estado" unísonos mantener un delito es sistemáticamente posible en un estado partitocrático, se da la máxima de aquello que dice más o menos así , que ninguna voz grite ! Aquí se roba demasiado ! Lo correcto es repartir y que todos roben o delinca por igual , si hay disciplina de partido de que sirven 445000 políticos , muy sencillo corromper todo sin dejar un rincón donde meter eñ hocico y todos contentos , sin separación de poderes estamos condenados al ABUSO legitimado , en la geotecnia o mecánica de suelos se emplea un patrón de un terreno en EEUU para calcular la resistencia de los demás , tan difícil resulta calibrar estados para probar su resistencia económica y que sirvan de modelo.
ResponderEliminarMIentras no hayan dos docenas de politicos actuales en la cárcel, no será creible un cambio politico, aparte de redefinir el gasto institucional y estructural.
ResponderEliminarSAQUEO AL CIUDADANO Y ESTAFA ELECTORAL RAJOYANA MÁXIMA, como ellos van en cochazo oficial y se lo pagamos el resto, precisamente con esa brutal subida fiscal que promueven y tras haber arruinado a la mitad de las pymes de la economia real, no subvencionada, mientras ellos ni ante la ALemania exigente quieren acabar con las castas politicas y funcionariales..