¿Qué será de las pensiones?

Juan Manuel Blanco [en Vozpopuli.com]

Pocos asuntos resultan tan polémicos como la previsible reforma de las pensiones. Quien no es pensionista aspira a serlo en el futuro… con suerte por muchos años. En los últimos tiempos, sin embargo, ha cundido la desesperanza y la incertidumbre, buen caldo de cultivo para la demagogia. Muchos ciudadanos estaban convencidos de que una prolongada cotización garantizaba automáticamente, tras la jubilación, un sustento en esas particulares condiciones que los gobernantes solemnemente prometían. Contribuir da derecho a exigir, salvo que algún defecto de diseño del sistema, agravado con copiosas dosis de dejadez, imprevisión y mala fe por parte de los políticos, lo impidan.

Se ha afirmado que los sistemas de reparto, como el español, constituyen un mecanismo de solidaridad intergeneracional, un entorno en el que los activos pagan la jubilación de sus mayores, recibiéndola en el futuro de sus descendientes. Pero el concepto de solidaridad, un acto siempre voluntario, resulta poco compatible con el carácter obligatorio de las cuotas a la Seguridad Social, realmente un impuesto. Ahora bien, la verdadera discusión no es filosófica sino técnica y, sobre todo, política. El problema básico de estos sistemas es que su funcionamiento depende de decisiones de los gobiernos, quedando al albur de intereses electoralistas o de grupos de presión.  

Existe en el sistema de reparto una antigua y aproximada fórmula: para que los pensionistas reciban, al menos, lo que han aportado durante toda su vida, la suma del incremento de la productividad y del crecimiento de la población activa deben igualar el tipo de interés real (ello haciendo abstracción del aumento de la esperanza de vida, que es un problema añadido). Dado que, a largo plazo, el crecimiento productividad no experimenta grandes variaciones, el sistema es tremendamente sensible a los ciclos demográficos, que pueden ser muy acentuados pero, por suerte, avisan con mucha antelación. Por ello, su gestión eficiente requiere unas decisiones políticas basadas en una estrategia racional de muy largo plazo, a unos treinta o cuarenta años vista, algo absolutamente inédito en la cortoplacista política española.

Un problema bien conocido pero muy aplazado

Esta reciente y llamativa comprobación de que los jubilados no recibirían lo que prometían los políticos es casi tan original y novedosa como el descubrimiento del Mediterráneo. Que las pensiones comenzarían a colapsar hacia 2020 si no se tomaban medidas fue advertido ya por algunos economistas entre 1985 y 1990, cuando se constató que las generaciones nacidas entre 1955 y 1975 iban a ser mucho más numerosas que sus antecesoras y predecesoras. Que la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población no serían fenómenos pasajeros sino permanentes.

Pero este hecho no implicaba una dificultad técnicamente insuperable pues un lapso de 35 ó 40 años era tiempo suficiente para tomar algunas medidas que paliasen las previstas consecuencias. La bomba era terrible pero una mecha tan larga proporcionaba amplio margen para generar ahorro adicional, con el que compensar a esas generaciones numerosas, para ajustar la cuantía de las pensiones a su equilibrio de largo plazo, para ir introduciendo paulatinamente elementos de capitalización en el sistema. O, al menos, para exponer abiertamente la verdad desde el principio, advirtiendo del peligro. Así, los ciudadanos afectados podrían tomar adecuada y racionalmente sus propias decisiones de ahorro con antelación suficiente.

Además, durante un tiempo, la pirámide de población resultaría muy favorable a los ingresos y la economía experimentaría varias etapas de expansión, circunstancias propicias para acumular los necesarios recursos adicionales. Pero el Régimen surgido de la Transición proporcionó una clase política sustancialmente cortoplacista, inclinada a las consignas falsas, tramposas y electoralistas, muy proclive a beneficiar a grupos de presión, no al interés general. La enorme caja ejercía una enorme tentación para favorecer a cercanos y otorgar favores clientelares. ¿Por qué guardar el jugoso pastel de la etapa de vacas gordas si podía utilizarse para comprar voluntades, votos y corresponder a los amigos? En la miope visión de los políticos españoles, limitada a las próximas semanas o meses, cuarenta años eran comparables al lapso entre el Jurásico y el Cretácico. Carpe diem, y el que venga detrás, que arree.

Nos ha pillado el toro

El engaño de que las pensiones con prestación definida estarían siempre garantizadas pudo llevar a resultados perversos: equivocada, la gente tiende a ahorrar insuficientemente para su jubilación pues confía en que el sistema público le garantice una subsistencia digna. Ha tenido que ser Bruselas quien advirtiese de que, de tanto interpretar a “don Tancredo”, finalmente nos ha pillado el toro. Que la mecha de la bomba es ya muy corta. Que en plena crisis, con un enorme endeudamiento público y habiendo estallado también el déficit de las Administraciones, no hay recursos ni margen suficiente para evolucionar hacia un sistema de capitalización, ni siquiera para encontrar una buena salida dentro del contexto. Ahora sólo cabe decidir cuál es la solución menos mala. No pudiendo eludir la cornada, se trata de evitar que el astado nos revuelque una y otra vez y nos empitone contra la barrera. 

No es necesario ser experto para saber que los pensionistas del futuro percibiremos, no aquello que prometieron de manera tan solemne y reiterada los políticos, sino tan sólo la cantidad que el sistema pueda pagar. La propuesta sobre la mesa consiste en que las pensiones se adapten al ciclo demográfico, esto es, que los miembros de las generaciones muy numerosas cobren una pensión inferior, intentando al menos que el montante se aísle del ciclo económico: que los jubilados no vean reducido el pago en etapas de crisis económica. Este último objetivo requerirá que el Estado mantenga suficiente capacidad de endeudamiento, algo que ya se verá. En palabras sencillas, a partir de 2020 ó 2025, el porcentaje que representará cada pensión sobre el salario percibido anterior, comenzaría a rebajarse paulatinamente, desde el 80% actual hasta un 50% probablemente.

La crisis de las pensiones constituye otra muestra del funcionamiento del Régimen Político, trufado de mitos, engaños, declaraciones altisonantes pero vacías y, sobre todo, marcado por unos miopes objetivos de corto plazo, siempre favorables a la clase política y sus adláteres, nunca al servicio de los ciudadanos. No resulta prudente dejar el sistema de pensiones en manos de políticos irresponsables, de estrechas miras, sin controles ni visión de futuro. Quizá dentro de una década sea posible volver a plantear la reforma hacia un sistema más basado en el ahorro, que reduzca sensiblemente la capacidad de los partidos para manipular arbitrariamente esas pensiones que son de todos. 

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