Las dificultades de la acción política ciudadana y la necesidad del símbolo +D

Juan Manuel Blanco

Muchas veces nos sorprendemos por la pasividad política de una buena parte de los ciudadanos, especialmente en momentos tan difíciles como los actuales. Tendemos a pensar que las presentes circunstancias deberían inducir, de manera inmediata, un clamor por las necesarias reformas del sistema político. Sin embargo, la ausencia de reacción observada es explicable pues obedece a ciertas dificultades inherentes a la participación política y a algunas barreras adicionales que ha levantado, de forma deliberada, nuestra casta política para entorpecer la acción ciudadana. Por ello, un movimiento ciudadano que pretenda algún éxito debe comenzar conociendo las causas y planteando la estrategia más correcta para vencer las dificultades. Dentro de esta estrategia se encontraría +D.

También resulta chocante que gran parte de los ciudadanos enarbolen una bandera derrotista antes siquiera de dar cualquier batalla en favor de una reforma política sensata. Máxime, cuando parecería que la fuerza del número jugase a favor de la reforma ya que esta beneficiaría a una gran masa de ciudadanos en detrimento de una casta política, inferior en número. Sin embargo, como se sabe desde hace años, constituir un grupo numeroso acarrea, en muchos aspectos de la acción política, más desventajas que ventajas, especialmente cuando cada ciudadano actúa de forma individual y aislada.

La economía siempre ha considerado a los individuos como seres racionales: se informan de las circunstancias que les afectan, sopesan las ventajas con las desventajas de sus acciones y deciden lo que mejor se ajusta a sus intereses y preferencias. Por tanto, en aquellos ámbitos en los que tanto los costes como las ventajas de la decisión recaen sobre ellos, los sujetos suelen tomar decisiones coherentes, tienden a estar bien informados y, en general, no resultan fáciles de manipular. Este tipo de comportamiento abarca la mayor parte de las decisiones vitales y cotidianas.

Resulta muy distinto el ámbito de la acción política ciudadana, donde los costes y beneficios no recaen de forma directa sobre el sujeto que toma la decisión. El ejemplo paradigmático es el voto: entre tantos millones, un votante actuando aisladamente sabe que su voto no es decisivo. El resultado final será el mismo vote una opción, otra o no vote. Por tanto, las consecuencias de esa acción individual no recaen directamente sobre él y esto acarrea varios fenómenos bastante conocidos.

Una parte del electorado no considera rentable incurrir en los costes de información sobre los planteamientos de las diversas opciones políticas, siento su voto individual irrelevante. Teóricamente, las nuevas tecnologías podrían haber facilitado la información y reducido los costes del conocimiento. Pero, desgraciadamente, esto no ha sido así en lo que a la información política se refiere, que sigue siendo muy costosa.

Disponemos, en muchos ámbitos del conocimiento, de análisis profesionales competentes que nos ahorran el trabajo de procesar una información en aspectos en los que somos profanos. Pero en la política ha ocurrido lo opuesto: el sistema ha puesto los medios para aumentar el coste de la información veraz. No es que haya poca información política: se difunde mucha pero la mayor parte es poco relevante, casi anecdótica. Haría falta una prensa independiente para clasificar, jerarquizar y analizar toda esta información, quizá no objetivamente pero al menos de forma rigurosa y no excesivamente tendenciosa. En lugar de ello, vemos que en España cada medio difunde la información que coincide con sus intereses, en connivencia con algún grupo político o facción. Parte de las noticias y muchos análisis son tendenciosos, casi ruido o desinformaciones, resultando casi imposible obtener con facilidad una información objetiva y veraz. Es necesario leer varios medios, comparar, comprobar cada información y valorarla por nosotros mismos según nuestro criterio. Demasiado coste para que incurra en él alguien con incentivos tan débiles como el votante medio actual.

Por el contrario, la clase política está formada por relativamente pocas personas. Cada decisión les afecta de manera muy considerable a cada uno de ellos. Tienen mayor motivación y, por supuesto, menor coste en obtener la información. Esto lleva a una fuerte asimetría de información entre la clase política y la ciudadanía ¡aun en la era de las tecnologías de la información!

Pero el problema no queda en el ámbito informativo. Ciertos experimentos científicos comprobaron que el ciudadano aislado tampoco desarrolla siempre una acción coherente en el terreno de la política, aun disponiendo de la información correcta. El problema tiene el mismo origen: el sujeto puede percibir que la acción teóricamente correcta resulta poco rentable para sus fines individuales y decide no llevarla a cabo. Aún informado, parte del electorado carece de motivación para votar de forma cuidadosa y meditada y tiende a comportarse de manera impulsiva e irracional, votando simplemente aquello que le hace sentir bien, aun cuando pueda sospechar que es equivocado. Este comportamiento no suele darse en el resto de los aspectos de la vida. Y la diferencia es clara: mientras que las consecuencias de un voto individual no caen directamente sobre el elector, en casi todas las demás decisiones el sujeto carga con las consecuencias.

Por supuesto que el sistema político español y la clase política patria han tendido también a fomentar este voto irracional, favoreciendo los mensajes puramente emotivos y no argumentados, impulsando el imaginario colectivo en lugar de las ideas concretas, obligando al voto a partidos (con programas electorales ambiguos y bastante similares entre sí) y a siglas y no a personas y, en general, sustituyendo la ideología por meras consignas. También lanzando mensajes meramente impulsivos con el objetivo de dividir al electorado en bandos irreconciliables, que no se corresponden con diferencias programáticas.

Los ciudadanos somos muchos pero esto puede constituir una gran desventaja frente a los políticos si actuamos cada uno aisladamente. Un ejemplo ayudará a comprender el fundamento de esta idea. Supongamos que el gobierno propone un proyecto con un coste de 40 millones de euros, que todos los ciudadanos son contrarios al proyecto y que son capaces de establecer el nexo entre el gasto asociado y lo que tendrán que pagar en impuestos. Aún así, como los ciudadanos son millones, cada individuo percibe que el coste para su bolsillo es meramente de un euro. Demasiado barato para informarse más, buscar argumentos y levantar la voz. La acción de cada ciudadano costaría probablemente bastante más de un euro en términos de tiempo y esfuerzo. Por tanto, para cada sujeto que actue individualmente, considere el caso de forma aislada y contemple sus intereses a corto plazo, la decisión más racional en este ejemplo sería dejarlo pasar y no actuar en modo alguno ya que los costes de la acción superarían a los beneficios. Para la clase política los términos se plantearían de manera muy distinta: calculando un 5% en comisiones, todo esto ascendería a un montante de dos millones de euros a repartir entre un número de individuos mucho menor. Es evidente que para los políticos el asunto sería de mucho mayor interés. Existe, por tanto, una gran asimetría de incentivos entre ciudadanos y políticos a la hora de actuar.

Por ello, es necesaria una estrategia que intente romper la tendencia descrita. Los ciudadanos no deben actuar individualmente en política sino formando grupos de discusión e intercambio de ideas. Se trata de crear asociaciones y organizaciones ciudadanas que permitan al individuo actuar en grupo aun sin perder su criterio. Es fundamental formar una masa crítica pues muchos ciudadanos no perciben que la solución es posible hasta que un número suficiente de personas se ha lanzado antes que ellos. Tampoco hay que considerar las medidas de los gobernantes como aisladas, ya que es fácil aceptar cada una de ellas aunque el conjunto sea claramente inaceptable. Es conveniente no actuar siguiendo nuestros intereses de corto plazo sino trascenderlos con nuestra vista puesta en el horizonte, en el largo plazo y todo ello dentro de una estructura de pensamiento coherente. Es lo que llamamos actuar por principios: algo que confiere coherencia a nuestras acciones, permite actuar en cada momento según toda la información disponible y ajustarse a una estrategia de largo plazo. Como se ha visto con anterioridad, puede que tenga más coste que beneficios oponerse a una medida injusta concreta, pero es conveniente hacerlo por principios, por considerar que no es correcta.

Y, por último, es imprescindible aglutinarse en torno a unas ideas, coherentes y fundadas, pero que huyan de la demagogia y del dogmatismo. Y es conveniente que vengan sintetizadas en un símbolo, un abreviatura, como es +D.

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