España y su bochornosa democracia de las cajas fuertes

Javier Benegas

Pocas imágenes son a la vez tan grotescas y reveladoras como la difundida a los cuatro vientos días atrás de esa enorme caja de caudales, en cuyo interior permanecen a salvo del escrutinio público las actas de gobierno de los últimos 10 años de la Junta de Andalucía. Un escándalo, una afrenta a los principios democráticos más elementales que supera el límite de lo soportable.

Sin embargo, la mayoría de medios de comunicación han tratado la noticia de manera superficial, fundamentalmente desde el punto de vista de la lucha entre una jueza (es decir, la Justicia) y una administración pública que se encuentra en el ojo del huracán. Por lo tanto, el enfoque es casi residual y, como es lógico, su uso puramente partidista. Todo apunta a que, después de tres décadas de gobierno socialista, en Andalucía se han institucionalizado todo tipo de usos y abusos clientelares, y que el Gobierno Andaluz ha regado con enormes cantidades de dinero público a quienes de alguna forma contribuían a su sostenimiento legislatura tras legislatura. Esto era no ya una sospecha colectiva sino una convicción a la que sólo restaba añadir el peso de las pruebas. Sin embargo, circunscribir este escándalo a una comunidad autónoma es un ejercicio cínico e interesado. Si bien es cierto que en Andalucía todo parece indicar que se han batido récords de nepotismo y corrupción, lo cierto es que España entera está bajo sospecha.

Algún periodista ha ido un poco más allá y ha utilizado como metáfora, para poner de relieve el verdadero carácter de esta democracia nuestra, la bochornosa imagen de aquella caja de caudales siendo introducida en los juzgados, mientras era escoltada por las fuerzas de seguridad en todo momento, no fuera que en un descuido alguno de los documentos allí escondidos pudiera terminar por “perderse” y ver la luz. Pero su noble intento no ha llegado hasta donde debía o, al menos, no con la fuerza y claridad necesarias. Porque la noticia no es que la Junta de Andalucía, a todas luces una institución donde la corrupción y clientelismo alcanzan las más altas cotas, sólo por fuerza mayor, y con orden judicial mediante, entregue sus actas de gobierno a un juzgado a bordo de un cofre blindado. No, esa no es la noticia sino una consecuencia previsible de cómo funcionan las cosas en España cuando se trata de intentar meter mano a los desmanes de los políticos profesionales.

"Cuando desde todas las televisiones se mostraba el escandaloso desfile de aquella caja fuerte por los juzgados, lo que había encerrado en su interior no eran las actas de gobierno de la Junta de Andalucía sino la sociedad española al completo"

La noticia es que la actas de gobierno, en este país, no son accesibles al escrutinio público y sólo, de forma excepcional, mediante un desafío personal, son entregadas en determinadas circunstancias a un Juez (jueza en este caso). Jueza a la que, desde el mismo momento en que las recibe, se vigila y, de alguna forma, se coacciona al ser desde ese instante tutelada por la Guardia Civil y el Juez Decano de los juzgados.

La verdadera metáfora es que no son las actas de gobierno las que están bajo siete llaves sino que esa caja de caudales, vuelta del revés, mantiene encerrada a la sociedad española. Las acciones de gobierno, ya sean de la Junta de Andalucía o cualquier otra institución, se adoptan con total libertad e impunidad y sus consecuencias se propagan sin freno. Por el contrario, el escrutinio público, la información y el derecho a saber cómo y en qué se emplea el dinero de los contribuyentes están presos y encerrados bajo siete llaves.

Cuando desde todas las televisiones se mostraba el escandaloso desfile de aquella caja fuerte por los juzgados, lo que había encerrado en su interior no eran las actas de gobierno de la Junta de Andalucía sino la sociedad española al completo. Una sociedad maniatada y custodiada a la que se le hurta el más básico de los derechos: tener libre acceso a las actas de gobierno no sólo de la Junta de Andalucía sino de cualquier otra comunidad autónoma y, por supuesto, del Gobierno del Estado.

Es cierto que existen, en determinados casos, decisiones gubernativas susceptibles de mantenerse en secreto en materias como la seguridad y la defensa. Pero resulta una colosal tomadura de pelo que, en democracia, las decisiones cotidianas de los políticos que afectan a la gestión de los dineros públicos se puedan considerar secretas. Y esa y no otra es la noticia, la gran exclusiva, el scoop que pone en evidencia que lo nuestro es un régimen cerrado que poco o nada tiene que ver con una democracia. Esa caja fuerte, más allá de ser un suceso exclusivamente andaluz, es el emblema de este régimen; la evidencia gráfica del uso y abuso de la casta política que se extiende sin freno por esta denostada piel de toro.

Si en este país existiera la más elemental justicia y un mínimo respecto a la democracia, las fuerzas de seguridad del Estado, amparadas por el Poder Judicial, habrían trasladado a una plaza pública esa caja de caudales, habrían volado sus cierres y habrían facilitado el acceso a su contenido no sólo a los medios de información sino a todos aquellos ciudadanos que hubieran querido ejercer su derecho a saber cómo, por qué y para qué se emplea el dinero de sus impuestos.

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