Las claves del cambio político

Juan Manuel Blanco  [en Vozpopuli.com]

A diferencia de años anteriores, el reciente aniversario de la Constitución suscitó poca celebración y autobombo entre la clase política. No estaba el horno para bollos ante la generalizada percepción de un sistema carcomido por la arbitrariedad, el clientelismo y la corrupción. Donde los gobernantes ni siquiera cumplen las leyes que ellos mismos promulgaron. Asistimos, en su lugar, a un animado debate sobre la reforma constitucional y a un intento de identificar qué artículos o apartados requieren modificación o ajuste.

Pero se trata de una iniciativa poco prometedora. Nuestra Constitución no puede ya enderezarse con una vuelta de tornillo, una válvula nueva o un pequeño manotazo, a la manera en que se restablecía el correcto funcionamiento de los viejos televisores. Una vez degenerado el sistema, los intentos de reforma parcial o limitada se encuentran abocados al fracaso. Máxime, si la iniciativa proviene de las mismas cúpulas partidarias que han abusado sin límite. O si sólo pretende calmar los insaciables apetitos de los caciques nacionalistas. El aparato debe ser nuevo. Sólo la reforma radical y simultánea de la mayoría de las instituciones podría arrebatar la política española de las garras del clientelismo y la arbitrariedad. 

Las constituciones no suelen fallar en la enumeración de los principios generales. Es sencillo y emocionante hablar de libertad, igualdad o derechos ciudadanos. Incluso cantar alabanzas al libre voto de los diputados o a la justicia independiente. Unas palabras bellas y solemnes que impregnaron, incluso, las constituciones de los regímenes más totalitarios. Pero tan ineficaces por sí solas como aquella célebre obligación de ser “justos y benéficos”. Una lectura superficial podría llevar a la equivocada impresión de que los defectos son ajenos a la Constitución, de que la carta es buena y sus objetivos loables; simplemente… no se cumple. Pero… ¿por qué no se cumple? 

Que el poder se controle a sí mismo 

La parte mollar de una Constitución es precisamente aquélla que intenta impulsar el ejercicio efectivo de los principios tan solemnemente expuestos. Una tarea ciertamente complicada pues se trata, como señaló James Madison, nada menos que de “obligar al poder a controlarse a sí mismo”, de poner límites eficaces al comportamiento de unos gobernantes con poca aureola de santidad y muchas tentaciones para abusar de su posición. 

Es necesario separar bien los poderes, establecer fuertes impedimentos a los acuerdos tácitos entre partidos e introducir palos en las ruedas del abuso o el intercambio de favores. Siempre a través de disposiciones claras y concretas pues los políticos encuentran en la indefinición y la complejidad terreno abonado para sus manejos. La Constitución del 1978 estableció controles muy débiles. E introdujo considerables dosis de ambigüedad para lograr la aceptación de todas las cúpulas partidarias y oligarquías territoriales presentes en el pacto.  

Cuando la arquitectura constitucional falla, como ha ocurrido en España, la separación de poderes se difumina. Y los órganos del Estado pierden su objetividad. En definitiva, las instituciones formales, leyes o procedimientos oficiales, acaban sustituidas, de facto, por instituciones informales, un tipo de reglas basadas en acuerdos tácitos entre políticos y asentadas por su uso repetido. Así, todos perciben que no se cumple el espíritu de las leyes; a veces, ni siquiera la letra. O que el favoritismo se encuentra emboscado en demasiados organismos oficiales, como salta a la vista en el caso Cristina de Borbón. 

La tremenda inercia de las instituciones informales 

Desgraciadamente, estas reglas informales conducen a un profundo pozo del que no se puede salir sin un atlético salto. Poseen una fuerte inercia pues se basan, en última instancia, en un equilibrio de expectativas, en la convicción de cada participante sobre el comportamiento de los demás. Y su lógica es tan triste como consistente: si cada uno espera que los demás acaten estas nefastas reglas, la actuación contraria conlleva un enorme coste, que pocos valientes asumen. Y la observación del resultado pasado refuerza todavía más el convencimiento. Así, la arbitrariedad se realimenta constantemente a sí misma. Por ello es tan difícil erradicar fenómenos tales como la corrupción generalizada: si alguno, motu proprio, decide no pagar comisiones, no recibe contrata alguna y acaba fuera del sistema, algo que refuerza la convicción de los demás y su inclinación a seguir pagando.  

Muchos confunden estas instituciones informales con la idiosincrasia de un pueblo, su forma de ser, la esencia de una nación. Piensan que la corrupción y el desafuero se encuentran en los genes de los españoles. O tan arraigados en su cultura, que los cambios requieren el transcurso de varias generaciones. Pero no se trata más que de un perverso equilibrio de expectativas. Un fenómeno resistente, con tremenda inercia, pero no inmutable. 

El auténtico cambio político no sólo consiste en reformar la Constitución sino hacerlo de tal manera que se reviertan las expectativas. Debe convencer a todo el mundo de que no contempla un pequeño ajuste, un mero cambio lampedusiano tras el que todo seguirá igual, sino una transformación radical. Una definitiva ruptura de las viejas reglas del juego. Y generar la impresión de que el sistema se reinicia con unos parámetros muy distintos, de que el juego político parte de cero y se ajustará en adelante a las reglas formales. 

Las enmiendas puntuales de la Constitución funcionan en países con generalizado respeto a las normas. En la España actual conducirían probablemente a nuevos incumplimientos, mayor desmoralización y reforzada convicción de que la puerta del cambio se encuentra permanentemente atrancada. Nuevos políticos, nuevas ideas, nuevas reglas, mayor vigilancia y unas reformas tan profundas que ofrezcan la visión de un corte radical con el pasado. La alternativa es… más de lo mismo. 

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