La peligrosa deriva del movimiento 15M: la cuestión de la legitimidad

Juan Manuel Blanco
Desde el inicio del movimiento 15M, en la Tercera Ola hemos publicado una serie de artículos explicando cuáles deberían ser los principios básicos para que un movimiento ciudadano pudiera constituir una fuerza capaz de impulsar la reforma de nuestro sistema político. Pero también cuáles eran los peligros y las líneas rojas que no deberían sobrepasarse para que este movimiento, basado en una justa indignación ciudadana, no derivase en un instrumento más de la lucha partidista ni deviniese en un grupo antisistema, aprovechando el hecho de que, en España, la ley se aplica o deja de aplicarse según conveniencia política. Desgraciadamente, todos los indicios apuntan a que las líneas se han ido sobrepasando y que el 15M toma una deriva que no augura nada positivo.

En mi opinión, hay dos líneas muy peligrosas que el movimiento de los indignados, consciente o inconscientemente, ha sobrepasado y sobre las que vale la pena reflexionar. La primera de ellas consiste poner en cuestión la legitimidad de las instituciones; la segunda, hacer suyas y defender como fundamentales ciertas reivindicaciones que se encuentran dentro de la órbita de la disputa partidista, en lugar de limitarse a aquéllas relacionadas con la reforma del sistema político.

La cuestión de la legitimidad del poder es muy antigua. Desde hace siglos, grandes pensadores han ido aportando su visión sobre cuál es la fuente de las legalidad de las instituciones. No es el lugar para discutir el fondo del asunto ni para entrar en disquisiciones que abarcan la filosofía y la teoría política. Pero es importante señalar que cualquier movimiento que desee cambiar el sistema político debe fijar con nitidez su posición a un lado o al otro: considerar que las instituciones vigentes son legítimas o no que lo son. Dependiendo del lugar de la línea en que uno se sitúe, las implicaciones conceptuales y la forma de actuar son muy distintas. Si se acepta la legitimidad, deben acatarse las leyes, respetar la autoridad y seguir las reglas del juego establecidas aunque no se esté de acuerdo con ellas. No aceptarla implica estar dispuesto a abrir un proceso revolucionario de imprevisibles consecuencias en el que cualquier medio podría estar justificado.

Aún manteniendo opiniones distintas en algunos aspectos, la postura de los que escribimos en LTO ha consistido siempre en señalar que las instituciones políticas en España funcionan mal, cuando no fatal, pero sin poner nunca en cuestión su legitimidad. La posibilidad del voto, aun con un sistema electoral muy mejorable, implica una tácita aceptación por parte de la mayoría de los ciudadanos. Sostenemos entonces que la democracia en España es muy pobre, muy imperfecta y de muy baja calidad, pero democracia al fin y al cabo. Por ello, y el nuevo manifiesto de LTO lo señala con mucho énfasis, siempre hemos defendido que las vías para realizar las reformas deben respetar necesariamente la legalidad. Y mi percepción es que éste es uno de los elementos que nos diferencia del movimiento del 15M: aunque quizá no de forma implícita, y acaso no siendo conscientes muchos de sus participantes, este movimiento estaría poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones políticas en España a través de sus acciones y de una parte de su discurso. No invita a otra conclusión la convocatoria de concentraciones para, textualmente, expresar la repulsa por la toma de posesión de alcaldes cuya lista ha sido la más votada o el intento, mediante la fuerza, de impedir la reunión de parlamentos autonómicos o la notable inclinación mostrada a no respetar las leyes. También cuando se afirma, por activa y por pasiva, que son las asambleas populares las que representan a los ciudadanos y no las instituciones. Se pone así en cuestión el fundamento de los regímenes constitucionales, poco compatibles con los sistemas asamblearios.

Puede que en la España actual se conceda más importancia a las discusiones sobre temas superficiales que a los debates sobre cuestiones conceptuales profundas. Pero es éste un asunto sobre el que todos debemos saber bien en que lado de la línea nos encontramos, conocer las consecuencias de cada postura y actuar de forma coherente con nuestra decisión. Naturalmente, resulta inaceptable la postura de aquellos otros que parecen considerar implícitamente que la legitimidad de una institución depende del partido que la ocupe.

Una vez se decide no acatar las leyes, se entra en un peligroso e incontrolable proceso en el que resulta muy difícil la marcha atrás. Y tampoco es válido el argumento de que es lícito no acatar las leyes porque los políticos tampoco respetan la legalidad. Bien sabemos que pierde la credibilidad quien hace lo mismo que critica. Por muy mala opinión que tengamos de los políticos, algo ciertamente justificado en muchas ocasiones, debemos entender no son ellos exactamente el problema. Aunque fuésemos capaces de cambiar a todos ellos y de poner las instituciones en manos de personas nuevas, los mismos problemas acabarían reproduciéndose si no se reforman las reglas del juego y no se establecen los apropiados mecanismos de control. El desempeño de las instituciones no depende tanto de la bondad o maldad de las personas que las gestionan como de su inteligente diseño.

La segunda línea sobrepasada por el 15M está relacionada con su decisión de defender, como algo fundamental, reivindicaciones y posturas que forman parte de la lucha partidista, en lugar de limitarse a la reforma del sistema político (mejor representación de la ciudadanía, funcionamiento más eficaz de las instituciones etc.). Observamos ahora convocatorias de manifestaciones dirigidas a protestar por los recortes presupuestarios, la reforma laboral o, incluso, para mostrar oposición al reciente proyecto de negociación colectiva (naturalmente, sin pararse a explicar los motivos por los que se piensa que la nueva regulación es peor que la anterior). Lo verdaderamente grave en este aspecto es que, definitivamente, el movimiento entra en la lucha política partidista, adoptando unos postulados de una tendencia bien conocida y determinada. Tal como temíamos, pero más pronto de lo esperado, las movilizaciones acaban siendo manipuladas por grupos políticos interesados en lograr más poder.

Se habían creado muchas expectativas, se habían suscitado muchas ilusiones de que asistíamos a algo nuevo, nunca visto antes en la geografía española. Pero, finalmente, es lo de siempre. Desgraciadamente, el conocido proverbio “Nihil novum sub sole", debería cambiarse ahora por “Nada nuevo se ha visto en Sol". Otra oportunidad desperdiciada

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