lunes, 26 de diciembre de 2011

Vacío legal ¿dónde?

Juan Manuel Blanco [en Vozpopuli.com]
Siempre me ha resultado bastante sospechosa la expresión “existe un vacío legal”, utilizada para explicar algún etéreo o supuesto mal y para animar a la elaboración de nuevas leyes o normas que regulen algún aspecto concreto de nuestras relaciones sociales o económicas. Sin embargo, la simple idea de encontrar en nuestro entorno un ámbito insuficientemente legislado o regulado se me antoja un imposible categórico. No en vano, desde su aparición hace unos 30 años, las Administraciones Autonómicas han promulgado más de 100.000 leyes, normas y regulaciones, con gran frecuencia incoherentes entre ellas y una gran complejidad de detalle. Más de 700.000 páginas de boletines oficiales. Alguien capaz de leer 100 páginas diarias de estos farragosos y aburridos textos tardaría en leer todas las normas… unos 20 años.

Quizá por ello, uno de los argumentos más contundentes del actual Presidente del Gobierno en el debate de investidura consistiera en afirmar que en España existen demasiadas leyes, muchas de ellas imposibles de cumplir. Completamente de acuerdo, don Mariano: el sistema actual impone enormes costes a las empresas y pone trabas a la innovación, a la competencia y al mercado único interior. Por ello, resulta imprescindible simplificar esta maraña legal, reduciendo drásticamente el número de normas. Lo que evitó mencionar Rajoy son las causas que pueden explicar esta hiperactividad legislativa de las Comunidades Autónomas y las fuerzas interesadas en mantener el caótico statu quo.

Hay quien ha interpretado este exceso de leyes, muchas de ellas innecesarias o contraproducentes, como una excusa de las Comunidades Autónomas para establecer más y más organismos y, con ellos, nuevos cargos donde colocar a los propios a costa del contribuyente. Sin embargo, este objetivo de crear nueva burocracia no explica más que una parte del fenómeno. Hay algo todavía peor: los modernos estudios señalan que existe una relación muy estrecha entre exceso de regulación y corrupción.

A pesar de que, sobre el papel, todas estas leyes se promulgan con el declarado y loable propósito de proteger al consumidor o velar por los intereses del ciudadano, muchas de las regulaciones no tendrían otro objetivo que el de restringir la competencia favoreciendo así a algunas empresas, que pueden obtener beneficios adicionales a costa de otros productores rivales y de los consumidores. Se trataría de imponer barreras a la entrada, de manera que las pocas empresas que puedan establecerse (comiencen ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación del suelo) obtengan unas rentas no competitivas, que a la larga compartirán con los políticos. Las contraprestaciones a los dirigentes pueden oscilar entre sufragar gastos para la campaña electoral, pago de comisiones, colocación de familiares, ofrecimiento de un puesto muy bien pagado en la empresa cuando el dirigente se retire de la política etc. Se crea, de este modo, una connivencia estable entre ciertos sectores empresariales y políticos a través de un intercambio de favores.

El exceso de normas es el caldo de cultivo en el que crece y se reproduce la corrupción pues la consecuente complejidad del sistema regulatorio y la imposibilidad de alguien pueda cumplir todas las normas favorece la discrecionalidad en las decisiones públicas, condición necesaria para el comportamiento corrupto. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir libremente a quienes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. A la hora de conceder una licencia, un permiso para operar en un sector o una contrata pública, la administración encontrará en todos los casos alguna argucia legal para otorgar el favor o privilegio a los “amigos” pues siempre es posible señalar alguna norma que no cumplen las empresas o particulares que deben ser excluidos. Y los estudios internacionales indican que suelen ser los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente buena parte de estas complejas trabas y contradictorias normas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito.

La situación más extrema suele darse cuando una empresa debe solicitar permisos a varias administraciones diferentes para llevar a cabo su actividad. Como todas las licencias resultan necesarias, el poder de negociación de cada administración es enorme, pudiendo elevar la contraprestación de forma muy considerable. Por ello, resulta muy interesante la propuesta de Rajoy consistente en impulsar un “sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones y licencias” por parte de las Comunidades Autónomas. De llevarse a cabo esta medida, el permiso obtenido de una Comunidad serviría para operar en todas las demás. Un cambio revolucionario en la dirección del Estado de las Autonomías. Puede que sin saberlo, o sin decirlo, el Presidente del Gobierno haya señalado un proyecto que no sólo favorece la unidad del mercado interior sino que constituye una medida anticorrupción de manual ya que, al eliminar la exclusividad, rebaja sustancialmente el poder de negociación de cada administración con las empresas en la concesión de los permisos.

Es seguro que la medida no va a gustar en ciertos ámbitos políticos aunque, probablemente, la resistencia a este cambio no vaya a ser abierta sino encubierta, disfrazada con otros argumentos aparentemente benéficos y altruistas. Permanezcamos atentos: a ver quién es el primero que se retrata.
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4 comentarios:

  1. Por ello, resulta muy interesante la propuesta de Rajoy consistente en impulsar un “sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones y licencias” por parte de las Comunidades Autónomas. De llevarse a cabo esta medida, el permiso obtenido de una Comunidad serviría para operar en todas las demás. Un cambio revolucionario en la dirección del Estado de las Autonomías. Puede que sin saberlo, o sin decirlo, el Presidente del Gobierno haya señalado un proyecto que no sólo favorece la unidad del mercado interior sino que constituye una medida anticorrupción de manual ya que, al eliminar la exclusividad, rebaja sustancialmente el poder de negociación de cada administración con las empresas en la concesión de los permisos."
    Habrá una congestión de solicitudes en la Comunidad que conceda las autorizaciones con mas facilidad.

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  2. Estoy totalmente de acuerdo con el contenido del articulo.

    Todos los que lo hemos vivido en primera persona sabemos que dice verdades como templos, con un argravante: la inseguraidad juridica y el tiempo enorme que hace perder a los afectados. Es ese aire de impresindebles, de tutelaje de unos ciudadanos inmaduros que debe ser "conducidos" lo que mas molesta. Las leyes y normas, para ser eficaces, deben ser pocas, claras y cumplirse escrupulosamente .

    Por poner un ejemplo simple: ¿ Alguien se ha para a pensar que ni siquiera un economista es capaz de hacer una Declarion Ordinaria del IRPF sin cometer multitud de errores , si es que se aventura a ello?

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  3. NADIE DE IMPORTANCIA DEL PODER DICE QUE NO SE PUEDEN MANTENER DOS CAMARAS , CONGRESO Y SENADO, INTEGRARLAS EN UNA CON NUEVA LEY ELECTORAL. O QUE DESAPAREZCA UNA. OTRO ILUSO BRINDIS AL SOL TOMANDONOS POR TONTOS los borbones, EL PAIS ESTA INFESTADO DE ENCHUFADOS, FUNCIONARIOS GANSOS O QUEMADOS, EMPRESAS PUBLICAS FANTASMALES POZOS SIN FONDO, SUBVENCIONISMO A MANTA, CORRUPTOS PERSONALES O DE FINANCIACION POLITICA DE PARTIDOS, JUECES POLITIZADOS, no nos tome su Casa Real dinástica por idiotas ni un minuto mas, por favor...

    Y REPITO cual Jeremias, si Rajoy en dos meses no ha hecho una casi-revolucion economica e institucional-administrativa, más vale que dimita, deje paso a otros de su partido que quieran y sepan, y saque billete a Sebastopol sin regreso...

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  4. Para esto se supone que se diseñó la Directiva de Servicios (123/2006/CE), para la simplificación administrativa, la ventanilla única para todas las licencias, etc. Pero efectivamente la racionalidad no impera en algunas Administraciones.
    Sin embargo, aunque pueda ser cierto que algunos ámbitos hay una sobrerregulación, en otros, ésta brilla por su ausencia, cultivo perfecto para la corrupción.
    Por ejemplo en materia de retribuciones e incompatibilidades de los cargos políticos, de los 3 niveles territoriales. Lo que está regulado de forma muy estricta para los funcionarios, quienes por cierto acceden conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, no lo está para cargos políticos, a quienes se les permite acceder al cargo por simple amiguismo de partido, con total independencia de su preparación e integridad personal. Con la eliminación de la oferta de empleo público que acaba de aprobar el nuevo Gobierno, el mensaje es claro: para hacer carrera hay que meterse en un partido y mostrar una lealtad absoluta al líder. Lo que pasa es que no sé si tengo estómago para ello...

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