Nuestro país se encuentra
actualmente inmerso en una gran cantidad de problemas, de amplio espectro, como
probablemente no nos ocurría desde hace mucho tiempo. Esto es de dominio
público y está creando tensiones sociales muy importantes.No solo tenemos los acuciantes
problemas económicos y de paro, si no que la corrupción se ha extendido a todas
las instituciones, adueñándose de las mismas, con lo cual la confianza del
ciudadano en ellas, para resolver sus problemas es cada vez más escasa.
Aparecen grietas territoriales que amenazan con un desmembramiento del país a
la vez que la deuda pública se dispara.
Las voces de descontento son cada
vez mayores desde muchos sectores, y de seguirse el camino actual, es posible
que se acerquen estallidos sociales importantes, ante un estado de cosas tan
poco grato para toda la ciudadanía, y
con la aparente desidia de los políticos más preocupados por sus
privilegios que por cambiar este estado de cosas.
Es cierto que desde la transición
las reformas han sido pocas y que no han beneficiado en general, a los
ciudadanos, ya que no se han atendido las peticiones mayoritarias, como la de una
nueva ley electoral o la reforma de la ley de desahucio o de despolitización
del poder judicial, por citar demandas ya habituales en muchos colectivos. Por
esta razón los españoles intuimos que se precisan reformas de amplio calado,
para poder llegar algún día a un estado más democrático, menos corrupto y más
próximo al ciudadano que en definitiva lo mantiene con sus impuestos.
Toda reforma necesita de un plan
estructurado de acciones, coordinadas, para alcanzar el fin último, que en este
caso sería un Estado viable y más útil para solucionar nuestros problemas y
garantizar un futuro más prometedor, que el que actualmente divisamos en el
horizonte.
En este trabajo voy a desarrollar
un análisis de lo que debería ser la magistratura más alta del Estado, por
encima de los partidos políticos, para conseguir
que fuese aceptada por los ciudadanos sean de la tendencia que sean sus ideas.
Me refiero a la Jefatura del
Estado Español. Esta institución, básica para poder en última instancia tener
siempre el recurso de un arbitraje respetado y acatado, o que se pueda
depositar en la misma una confianza de representatividad y honestidad, que a
día de hoy está seriamente dañada, A mi entender las necesarias reformas del
Estado deberían empezarse por ella.
No voy a entrar aquí si el modelo
actual es el idóneo o precisamos cambiarlo. Simplemente voy a razonar que se
precisaría de la Monarquía para que cumpliese las altas funciones que le son
encomendadas por el pueblo español. En estos momentos puede ser más sensato
reformar lo que tenemos en lugar de sustituirlo por algo en principio incierto.
Es evidente que el modelo monárquico
actual emana de una dictadura que así lo dispuso, pero se apoya en una tradición
monárquica secular del Estado.
La Constitución Española tiene la
carencia de no definir de una manera clara el control, que como en todo sistema
democrático, se debe de ejercer sobre esta magistratura, que además debe de ser
totalmente transparente. Y el control más sencillo, dentro de nuestro modelo
actual, sería que las propias Cortes sean las garantes de que la institución
funciona correctamente.
Desde tiempos de la transición
solo hemos tenido un Rey. Este Rey ha despertado muchas controversias
indudablemente. Pero hubo un pacto, en el que de facto el Rey entregaba todo el
poder político a los partidos, a cambio de opacidad total de sus actos y
decisiones.
Esta situación ha favorecido a
los partidos, que jamás han presentado oposición al Rey en ninguna decisión y
por otra parte ha eliminado toda posibilidad de que la Jefatura del Estado
tenga utilidad para coordinar el juego democrático, reduciendo su papel a una
discreta presencia en actos oficiales o en representaciones en el exterior.
En mi opinión esto ha producido
el efecto perverso, de que el Rey aproveche su cargo para sus asuntos
personales y no para lo que debiera de hacer según sus obligaciones. Ha contado
con la opacidad total y el silencio de los medios durante largos años. La
familia real ha tenido una vida oficial y otra privada muy diferente a la
anterior.
Este estado de cosas, comentado
siempre en voz baja y con sigilo, ha cambiado radicalmente en los últimos años.
El estallido de la corrupción en
los negocios del yerno del Rey, su
impunidad y la obstrucción a la justicia ejercida desde la Institución, ha
hecho que la opinión pública se ponga en contra de la misma de manera
mayoritaria. Si añadimos los escándalos que se van conociendo, el saber que la
familia real lleva rota mucho tiempo y que el Rey amasa una gran fortuna, hace
muy impopular su figura.
También hay que recordar la mala
salud del monarca y su avanzada edad.
Llegado a este punto, creo
sinceramente que el Rey debería abdicar y cuanto antes, en su hijo. Ya no tiene
ni siquiera legitimidad moral para actuar en problemas importantes,
contentándose con estúpidos títulos honorarios como Presidente mundial de los
circuitos de caza.
El Príncipe es un gran
desconocido. No sabemos qué resultado puede dar, pero en estos momentos es la
única posibilidad y esperanza de que sobreviva la Institución. Aparentemente no
está envuelto en la corrupción familiar y parece tener una buena preparación.
Por ello en estos horas críticas,
sería muy conveniente este relevo generacional.
Si el Rey se niega, como parecen
apuntar todos los indicios, el clamor popular va a ir en aumento, al ser hoy en
día él, blanco de todo tipo de críticas por sus amantes, sus viajes inoportunos
y sus negocios nada claros, junto a la defensa a ultranza que ejerce de la
corrupción familiar. Todos estos temas ocupan grandes espacios en los medios de
comunicación, con la consiguiente alarma social que conllevan, y voces más o
menos autorizadas se levantan para apoyar la idea de la abdicación.
Los medios extranjeros también se
hacen eco de todas estas noticias y el desprestigio internacional de la
Institución es grande.
Sería razonable que las Cortes,
depositarias del poder popular, le desposeyesen del título al Rey, si este no
quiere aceptar voluntariamente a pactar su renuncia, por incapacidad manifiesta,
y se lo otorgasen a su hijo, antes de que los daños sean totalmente
irreversibles.
Este, una vez en posesión de su
cargo debería de reformar de inmediato la Institución, haciéndola transparente
y alejándola de la corrupción, permitiendo los juicios precisos por los delitos
cometidos, aunque sean de su familia, y adoptando el papel nunca jugado de ser
un árbitro en las situaciones conflictivas.
Para mostrar sus habilidades no
le faltaría trabajo. La cuestión catalana, el acercamiento a los ciudadanos y
la representación exterior, pondrían a prueba su valía. Y todo ello controlado
por las Cortes no por los partidos políticos.
Resumiendo los españoles
necesitamos una Monarquía operarativa, que se deje de uniformes de capitán
general, ponga los pies en el suelo y se enfrente a los problemas del Estado,
con honestidad y con dinamismo. Que no esté ahogada en escándalos y que se gane
el respeto de los ciudadanos, acercándose a ellos y mostrando utilidad práctica
en los problemas reales.
Por otra parte el control de la
trasparencia de la Institución y la verificación de la ejecución de sus
funciones, deben de ejercerse desde el Parlamento, única institución que puede
estar habilitada para ello.
Esta primera gran reforma, la
considero básica, para poder avanzar, en forma ordenada en nuevas reformas, que
son necesarias, y para que el Rey recupere parte del poder que no debió ceder a
los partidos políticos y sea una persona respetada.
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Es evidente lo comentado. El problema es ponerlo en práctica a tiempo, ya que el principal afectado se aferra al cargo de manera patética, y creo que por su propia voluntad no lo dejará. No recuerda que su padre abdicó en él, y ahora es el momento de que siga su ejemplo
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