Más de 400 compañías teatrales recibieron en 2010 ayudas económicas del Ministerio de Cultura. Hubo para todos, desde 1.500 a 112.000 euros. El departamento de Ángeles González-Sinde financió giras por territorio nacional, la programación en salas privadas e incluso iniciativas de “nueva creación teatral”. Todo, eso sí, con cargo a los Presupuestos del Estado. Sin embargo, los beneficiarios no siempre han acreditado en los últimos años el buen uso del dinero que reciben. De hecho, la Intervención General del Estado (IGAE) denuncia en su último informe el descontrol existente a la hora de documentar el empleo de esos fondos.
“En el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música [Inaem] se han apreciado tanto deficiencias en la justificación de las subvenciones nominativas, como en las subvenciones en concurrencia competitiva”, reza el documento, publicado hace apenas días por el organismo dependiente de Elena Salgado y que analiza el desempeño del sector público empresarial en 2008. El Inaem convocó el año pasado dos programas de ayudas. Y no por cuantías baladíes. Uno se centró en el teatro –con una dotación de 7,4 millones de euros- y otro en la danza, lírica y música –con subsidios por valor de 6,7 millones-.
“En el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música [Inaem] se han apreciado tanto deficiencias en la justificación de las subvenciones nominativas, como en las subvenciones en concurrencia competitiva”, reza el documento, publicado hace apenas días por el organismo dependiente de Elena Salgado y que analiza el desempeño del sector público empresarial en 2008. El Inaem convocó el año pasado dos programas de ayudas. Y no por cuantías baladíes. Uno se centró en el teatro –con una dotación de 7,4 millones de euros- y otro en la danza, lírica y música –con subsidios por valor de 6,7 millones-.
El informe del IGAE reconoce que el principal problema para realizar el control financiero de los fondos es que muchas veces la justificación simplemente no llega. “La Ley General de Subvenciones establece que el órgano concedente debe comprobar la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que haya determinado la concesión o disfrute de la subvención. Sin embargo, de los informes se desprende que en algunas ocasiones la documentación presentada por los beneficiarios no permite realizar estas comprobaciones”, establece la Intervención en un documento que ha venido desglosando este diario.
El Inaem es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura cuyo objeto es “articular y desarrollar los programas relacionados con el teatro, la danza, la música y el circo”. Entre sus funciones figura “la distribución de ayudas para proyectos de producción, exhibición y giras nacionales e internacionales”, subraya el departamento de Ángeles González-Sinde en su página web. Su presupuesto para 2011 roza los 162 millones de euros, una cifra que supone un descenso del 10% respecto a los casi 180 millones con los que contó el pasado ejercicio.
En todo caso, dotaciones importantes que apoyan la necesidad de estrechar el control sobre el organismo. Y es que los problemas en los subsidios no son los únicos detectados por la Intervención General del Estado en el Inaem, que tampoco cumple con Hacienda. “En el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música no se han remitido a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para su recaudación en vía de apremio, el 87,5% de las resoluciones de reintegro emitidas en el 2008, no ingresadas en el período voluntario”.
Un 20% sin justificar en Vivienda
El problema de las subvenciones no justificadas no es exclusivo de actores y músicos. Resultan especialmente llamativas las deficiencias que se observan en la gestión de las ayudas por parte del Ministerio de Vivienda, suprimido por José Luis Rodríguez Zapatero en la última crisis de Gobierno. Por ejemplo, “en las subvenciones para la adquisición y rehabilitación de viviendas que son gestionadas en colaboración con las comunidades autónomas, en las que la cuantía pendiente de justificar a finales de 2008 superaban el 20%”.
En esta línea, resulta “imposible” controlar las subvenciones en Ciencia y Tecnología, en tanto el departamento de Cristina Garmendia directamente difumina el objeto de las ayudas. “Se observan, por ejemplo, para determinadas subvenciones nominativas y de capital, importantes deficiencias e indefiniciones en los convenios correspondientes, sobre todo en cuanto al objeto y la comprobación de la subvención por el órgano concedente. Al no encontrarse suficientemente definido el objeto de la subvención, prácticamente resulta imposible verificar la adecuada justificación de la subvención”, denuncia el IGAE.
El informe subraya igualmente el coladero de ayudas que suponen las fundaciones públicas, que carecen de normas internas que les obliguen a conceder las subvenciones en base a principios de publicidad y concurrencia. Tampoco existen procedimientos para la comprobación de las actividades financiadas, un déficit que se extiende a las entidades de la Seguridad Social. “Esta circunstancia se advierte con mayor claridad en subvenciones concedidas por la Tesorería General de la Seguridad, al ser varios los órganos implicados en su gestión”, remata el análisis de las auditorías.
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Este amigos, es un episodio más del desgobierno que padecemos, donde se tira miserablemente el dinero de nuestros impuestos, que se reparte entre amigos, para cosas que son prácticamente inútiles para la mayoría de los ciudadanos.
ResponderEliminarY luego suben impuestos, bajan sueldos a funcionarios, no pagan a proveedores.
Hace falta gente capacitada y comprometida con una buena gestión, no políticos amiguistas a los cuales el ciudadano les trae sin cuidado.
Saludos, cuando se comience a llamar las cosas por su nombre esto podrá cambiar, primero, el Ministerio de Cultura no es tal, sino que es el Ministerio del OCIO, ya que todo a lo que se dedica yo lo considero OCIO, no cultura, y sobre las subvenciones asignadas y no justificadas, creo que es de completa lógica que deberían de reembolsarse a las arcas públicas, ¿no? este tipo de situaciones hacen evidente cómo nos roban, y cómo existe mucha gente que vive del esfuerzo de los contribuyentes, sin aportar nada como contraprestación.
ResponderEliminarLos Investigadores del CSIC, sufren desgraciadamente en sus propias personas y proyectos, la carencia de fondos que el Ministerio ha dado con generosidad a ciertas empresas y sectores vinculados a las actividades anteriores de la Sra. Ministra.
ResponderEliminarLa situación es tal que las mermadas ayudas ya concedidas, para poder conseguir financiación en proyectos Europeos por ejemplo, que es una de las pocas fuentes posibles de fondos, no se han entregado, pese a ser del año pasado.
Todo esto dificulta una labor ya ardua de por si, por la falta de medios que en ciertos casos es acuciante.
Lo que deseaba decir ya lo han dicho los comentarios,Solo me queda añadir ¡¡ Poca vergüenza !!
ResponderEliminarLo esperado el robo institucionalizado
ResponderEliminarAsistimos al saco de España por parte de los que se dicen progresistas, que más bien son retrógrados anclados a las ideas pseudo-marsixtas, ya trasnochadas, y además preocupados por su enriquecimiento personal y el de sus amigos. El ciudadano no cuenta, más que para pagar. Debemos de revelarnos contra este injusto sistema
ResponderEliminarEl diario 'Financial Times' considera que la debilidad de la economía española se debe más a las comunidades autónomas, que representan alrededor del 24% de la deuda pública del país, que al Gobierno central y cree que el control del déficit público en las comunidades es "un dolor de cabeza", no sólo para España, sino también para toda la zona euro.
ResponderEliminarEn su espacio de opinión 'The Lex Column', el diario se pregunta dónde recae exactamente "el dolor en España", ya que cree que es "difícil" identificar dóndee la vulnerabilidad de su deuda es más grande.
En este sentido, destaca que España está "altamente descentralizada" y el Gobierno central sólo representa el 76% de toda la deuda pública del país, mientras que la cantidad restante recae en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En concreto, apunta que Cataluña tiene 30.000 millones de euros en deuda pendiente.
El rotativo destaca que la debilidad de la economía española "es más 'sub-soberana' que soberana", por lo que no ve extraño que el presidente quiera reafirmar los derechos del Gobierno central. "Pero esto es un dolor de cabeza añadido para la eurozona, no sólo para España"