jueves, 5 de mayo de 2011

El rescate de Portugal, España y la herencia envenenada

Javier Benegas
Ayer se hizo público el documento en el que se especificaban las medidas impuestas a Portugal por parte del la UE y el FMI a cambio del rescate, cuyo importe quedaba finalmente en 78.000 millones de euros, pese a que el propio gobierno luso reconocía necesitar no menos de 100.000 millones. En este post enumeraré algunas de ellas, y pondré en evidencia cómo la estrategia electoral del PSOE, por un lado, y la nula disposición del resto de partidos con gobiernos autonómicos y municipales, por otro, pondrá al próximo Gobierno de España contra la espada y la pared.

Lo primero que es obligado decir es que con rescates así es mejor no pedir ayuda. Y como muestra, aquí van algunas referencias.

La extrema dureza del rescate portugués

Reducción de 370 millones de euros en las partidas destinadas a educación, que irán acompañadas de reducción de personal y de los subsidios a los colegios privados y al sistema de salud (975 millones de euros). Se eliminarán las ayudas a medicamentos, se restringirá la atención sanitaria y se implantará el modelo de copago.

En cuanto al sistema de pensiones, se reducirá la cuantía de las pensiones máximas, se congelarán las restantes y se aplicará sobre todas ellas un impuesto adicional.

En cuanto a materia tributaria, se aumentará el I.V.A. y se limitarán las reducciones del mismo en aquellos productos y servicios que hasta ahora disfrutaban de un I.V.A. reducido. Subirán los impuestos sobre el consumo en vehículos y tabaco, y se aplicará un nuevo impuesto al consumo eléctrico. En cuanto a las empresas, se aplicará una subida al impuesto de sociedades.

En lo que respecta al mercado de trabajo, se reduce la duración máxima del subsidio de desempleo, que pasa de 36 a 18 meses, así como el tope máximo del mismo que se reduce en 200 euros. Se abarata el despido, en especial para los contratos temporales, pasando a ser indemnizados con 10 días por año trabajado en vez de los actuales 30 días.

12.000 millones de euros del importe del rescate serán destinados íntegramente al sector bancario. Además, las emisiones de bonos con la garantía del Tesoro portugués quedan limitadas y condicionadas a la supervisión de los prestamistas (UE y FMI).

Se restringen las ayudas financieras del estado a las empresas públicas y se dejará la viabilidad de éstas a expensas de su competitividad. En cuanto a las Administraciones Públicas, se reducirá el número de funcionarios en al menos un 15%.

Estas son algunas de las imposiciones más llamativas, pero son mucho más amplias y numerosas. Aquí dejo el enlace al documento íntegro, aunque está en inglés.

Y España sigue sin cambiar el rumbo de colisión

Si miramos detenidamente este pequeño resumen, comprobaremos como la mayoría de estas medidas, especialmente aquellas que podrían ser más comprensibles, no se han tomada en España, al menos no de manera explícita. Sí se han incrementado los impuestos al consumo y otros han sido incrementados de forma velada. También, sin ser impuestos, se han aumentado las tarifas eléctricas, lo que de forma indirecta supone una recaudación mayor de los correspondientes impuestos aplicados en las mismas (impuestos progresivos).

"no existe ni de lejos un plan de restructuración de la Administración Pública y, lo que es aún más clamoroso, los puestos políticos de libre designación se mantienen e incrementan en la mayoría de administraciones"

Sin embargo, la reforma laboral no existe como tal. Las empresas públicas siguen sin reducir sus costes operacionales y son, a día de hoy, un subterfugio para que las administraciones regionales aumenten el gasto de dinero público sin que compute como déficit en las cuentas oficiales, además sirven como lugar de recolocación de personas afines a los partidos políticos en el poder. Tampoco, salvo la reducción aplicada a los salarios de los funcionarios, se ha establecido un programa de reducción de personal de las administraciones, aunque éste sólo fuera por la vía de no reponer los puestos que van quedando vacantes por jubilaciones (como en Francia).

Realmente, en el caso de España, no existe ni de lejos un plan de restructuración de la Administración Pública y, lo que es aún más clamoroso, los puestos políticos de libre designación se mantienen e incrementan en la mayoría de administraciones. De hecho, en determinadas comunidades autónomas se está integrando en puestos de segundo nivel a nuevas personas del partido correspondiente, en detrimento de los técnicos por oposición.

Tampoco se está controlando de forma eficaz el endeudamiento. En este sentido, la anarquía de las comunidades autónomas es manifiesta, y la sucesión de emisiones de bonos a minoristas y la de los llamados “bonos patrióticos” continúan.

Esta ausencia total de compromiso y responsabilidad por parte de las AA.PP. no es exclusiva del Gobierno de España sino que se produce en comunidades autónomas y municipios en los que gobiernan otros partidos. Son casos especialmente delicados los de Cataluña (CiU), Junta de Andalucía (PSOE), Comunidad Valenciana (PP) y Murcia (PP). En el caso de Cataluña, se ha puesto recientemente en evidencia la situación límite de la tesorería, lo que está obligando a una reducción drástica del gasto que afecta especialmente a la sanidad y a la educación (la Generalitat tiene previsto despedir a 1.500 profesores). Sin embargo, preocupa y mucho la situación límite de Andalucía y, también, la de las comunidades de Valencia y Murcia. En el caso de la Comunidad Valenciana se especula con un importe de la deuda que superaría los 50.000 millones de euros. Por otro lado, llama especialmente la atención los problemas de liquidez del Ayuntamiento de Madrid, que afectan directamente al cumplimiento de los pagos con las empresas concesionarias dedicadas a la limpieza y recolección de residuos sólidos (retrasos en los pagos que se sitúan entorno al año de demora). En cuanto a la Comunidad de Madrid, persisten los atrasos en los pagos a los abogados en el Turno de Oficio.

Para terminar, decir que son ya numeroso los pequeños, y no tan pequeños, municipios en los que hay enormes dificultades para pagar las nóminas de sus empleados, los servicios de limpieza y otros servicios básicos. También es ya un problema extendido el impago a las compañías de suministro eléctrico y telefonía.

Una legislatura perdida y la próxima embargada

Con todo ello, y vista la falta de voluntad del partido en el Gobierno de España y el resto de partidos con gobiernos autonómicos y municipales para tomar de forma conjunta y decidida el toro por los cuernos, hemos de tomar nota de las leoninas condiciones del rescate de Portugal y estar muy atentos a cómo éstas a buen seguro van a suponer para nuestros hermanos, los ciudadanos portugueses, un verdadero problema para la subsistencia cotidiana.

Si bien, en el caso de un hipotético rescate, no habría más remedio que hacer una reforma laboral real, lo que no sería del todo negativo dadas las circunstancias, también llevaría aparejado un fuerte incremento de los impuestos directos e indirectos y, por supuesto, del Impuesto de Sociedades, lo que a buen seguro anularía inmediatamente los presuntos beneficios en cuanto a la creación de empleo que la reforma laboral podría representar.

Además, el fuerte control impuesto por las instituciones que proporcionarían el dinero para el rescate, reduciría al mínimo la autonomía del Gobierno Español, que quedaría sobre el papel como mero gestor bajo la autoridad de la UE y el FMI. Dentro de un panorama en el que, por un lado, se facilitaría el despido, se mermarían pensiones y subsidio de desempleo y, por otro, aumentaría la presión impositiva tanto en el consumo como en las rentas, la economía del país quedaría preso dentro de un círculo vicioso y ajeno a cualquier posibilidad de incentivar el consumo o la inversión empresarial.

Por lo tanto, la destrucción del empleo experimentaría un nuevo ciclo al alza, el consumo de las familias y particulares se desplomaría aún más y la situación general de los ciudadanos empeoraría sin que, para colmo, hubiera un horizonte de mejora ni a medio ni a largo plazo. Además, los trabajadores de las administraciones públicas y empresas públicas dejarían de ser intocables y podrían ser despedidos masivamente, lo que a buen seguro haría volver a la vida a los sindicatos mayoritarios que tratarían de paralizar las medidas impuestas, quedando el país en un callejón sin salida; es decir, o empobrecimiento progresivo y estancamiento sin fecha de caducidad o reestructuración forzosa de la Deuda.
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3 comentarios:

  1. D. Javier, tiene razón en todo, pero la mente de nuestros estúpidos políticos no se centra en estos temas, si no en mantener sus privilegios, en continuar con la corrupción y en dilapidar nuestro dinero en su campaña. Hoy la prensa británica denuncia la indefensión jurídica en España. Si no hacemos algo pronto, seremos unos parias en poco tiempo en manos de ineptos, que dicen ser elegidos por nosotros.

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  2. O se acaba con el 80% del estado y con dos millones de parásitos funcionarios que SON IMPRODUCTIVOS..o Se acaba como en Rusia,hay que privatizar masivamente,producir y no administrar aire

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  3. NO HAY DEMOCRACIA EN ESPAÑA, ESTO ES UNA DICTADURA, VAMOS DERECHOS A LA RUINA.

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