¿Qué se oculta tras esta huelga general?

Juan Manuel Blanco [en Vozpopuli.com]

Se diría que la huelga general posee esa cualidad atribuida a todos los acontecimientos históricos: repetirse en el tiempo, primero como tragedia y finalmente como farsa. Lo que en tiempos lejanos constituyó la llama de la revolución social, el centro de la mitología obrerista, se reproduce hoy como un vacío ritual de liturgia sindical, un vano intento de ocultar aquello que se agita entre bambalinas, que puede quedar al descubierto si la convocatoria del día 29 acaba de rasgar el imaginado velo romántico que la envuelve. Lo que parece encontrarse en juego en esta representación, más cercana a la ópera bufa que a la epopeya, no son los derechos de los trabajadores sino la financiación y el futuro de unos sindicatos cuya naturaleza, intereses y verdaderas estrategias resultan demasiado evidentes.

La aureola épica de las huelgas generales proviene de aquellos tiempos en que, por no existir cauces adecuados de participación y representación, la paralización de la producción mediante la acción colectiva constituía una vía alternativa para mostrar disconformidad o para desalojar a los gobiernos del poder. Un grupo de valerosos trabajadores, acertados o equivocados, arriesgando su libertad, e incluso su vida, recaudarían dinero entre sus simpatizantes y, sobreponiéndose a la adversidad, intentarían detener la actividad económica para forzar un cambio político o social.

La caída del mito de la huelga general

Sin embargo, las huelgas generales actuales se asemejan poco a las heroicas de tan pretéritos tiempos. Los convocantes, lejos de actuar en la ilegalidad, gozan de escandalosos privilegios legales y estatutarios, negados al ciudadano común. No necesitan recaudar dinero pues reciben abultadas subvenciones del presupuesto público. No son trabajadores sino burócratas de unas organizaciones que, de facto, forman parte de la arquitectura institucional. No pretenden impulsar transformaciones profundas sino evitarlas con el fin de mantener un statu quo muy favorable a sus intereses. Y la huelga ya no implica peligro alguno para organizadores ni participantes sino para quienes deciden no secundarla por mor de unos piquetes violentos, beneficiarios de una sospechosa tolerancia.

Con el avance de la democracia, que proporcionó mecanismos de participación y expresión política y abrió vías pacíficas para cambiar los gobiernos, las huelgas fueron desprendiéndose de su carga política para circunscribirse al ámbito de los conflictos laborales en el seno de la empresa. Este proceso de despolitización se completó en aquellos países que lograron implantar un "régimen de acceso abierto", es decir, un sistema político y social en el que la remuneración y la posición económica depende fundamentalmente del mérito, el esfuerzo y la capacidad innovadora dentro de un marco regido por la competencia.

Sin embargo, el carácter político de las huelgas se ha conservado en países que, aun habiendo abierto vías de participación democrática, mantienen todavía sistemas con barreras de entrada, privilegios y relaciones clientelares. Unos sistemas en los que las instituciones no funcionan convenientemente y la posición social y económica continúa dependiendo, en gran medida, de los favores y ventajas que otorga el poder, prevaleciendo las relaciones personales sobre el mérito, la influencia sobre el esfuerzo, la coacción sobre la competencia y las prerrogativas de ciertos colectivos sobre los derechos individuales. En países como España, la dinámica política, y por ende la huelga general, tiende a reflejar una pugna por el reparto de poder, influencia y posición económica entre privilegiados grupos de intereses, entre los que se encuentran los sindicatos.

El verdadero objetivo sindical

El propósito de la huelga general del próximo 29 no consiste en suprimir la incompleta reforma laboral: los convocantes saben que el gobierno no puede retroceder, por mucha presión que se ejerza. En estos momentos excepcionales, la capacidad de intimidación de los sindicatos no es comparable, ni de lejos, con las respetables dimensiones de la cachiporra que vienen blandiendo Frau Merkel y los mercados financieros alrededor de nuestra cabeza. Inútil esperar una modificación sustancial de la nueva negociación colectiva, que resta poder e influencia a los sindicatos, o de los contratos laborales.

Descartada la posibilidad de influir sobre el núcleo de la legislación laboral, probablemente siguen en juego otros detalles de la letra pequeña como el volumen de fondos públicos que recibirán los sindicatos, sea mediante subvenciones directas o a través de la formación para el empleo, sospechosa vía de financiación sobre la que las centrales mayoritarias perdieron el monopolio tras la reforma. El objetivo sindical consistiría en retener buena parte de las ayudas directas y de garantizarse una cuota sustancial en el reparto de los fondos para la formación.

Para no ver notablemente mermados sus ingresos a costa del contribuyente, y limitar su pérdida de influencia, los sindicatos plantearían una exhibición de fuerza, mostrando su capacidad de causar costes, pérdidas y daños a la economía nacional, mientras mantienen bien engrasadas sus maquinarias de acción y propaganda. De ahí la insistencia constante en los transportes, verdadero cuello de botella por donde estrangular el sistema productivo. Pero la irracionalidad de esta extorsión estriba en que, aun con un seguimiento minoritario, el perjuicio causado a la sociedad podría ser muy superior al montante que los sindicatos pretenden conseguir. En definitiva, una huelga demasiado general para unos intereses tan particulares.

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