La corrupción en España

Juan Manuel Blanco

Dos informes internacionales, aparentemente no relacionados, ofrecían una interesante información sobre España. Por un lado, “Doing business” del Banco Mundial señalaba a España como uno de los países del mundo donde los emprendedores encuentran mayores trabas para abrir una empresa. Hasta 10 complicados y larguísimos trámites burocráticos son necesarios para comenzar a operar un negocio. Por otro, según el índice de Transparency International, la corrupción política en España, ya endémica, había aumentado dramáticamente en el último quinquenio, degradándonos a puestos poco acordes con nuestro nivel de desarrollo material. Estos dos aspectos de la realidad, en apariencia inconexos, suelen presentarse conjuntamente: los países con más trabas, regulaciones, controles y exigencias de permisos a la actividad económica también suelen ser los más corruptos ¿Qué relación existe entre ambos fenómenos?
Hasta hace unos años se pensaba que la corrupción surgía como un recurso de la sociedad ante el exceso de regulaciones: una reaparición del mercado allí donde las autoridades, quizá bienintencionadas pero ignorantes, ponían barreras al desarrollo de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Las diferentes administraciones irían generando miles de leyes, reglamentos, permisos o regulaciones muy difíciles de cumplir, incluso contradictorios entre sí, que ralentizarían la actividad económica y la creación de empresas. Pero, gracias a unos oportunos sobornos, se lograría una aplicación muy laxa de estas regulaciones y una agilización de los trámites. Las comisiones pagadas a los políticos actuarían como un catalizador de la actividad económica aunque, a la postre, la carga se traspasase a los ciudadanos por el aumento de precio de las obras públicas, la vivienda y otros bienes.

Sin embargo, pronto se reveló que esta visión benévola no era capaz de explicar la corrupción a gran escala. El fenómeno resultaba bastante más complejo y mucho más terrible, dañino y destructor. Y no constituía una salvación para el mercado sino, por el contrario, el germen de su desaparición. La corrupción no suele surgir como una estrategia del sector privado para sortear complicadas e insensatas regulaciones sino que son los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trata de restringir la libre competencia imponiendo barreras a la entrada, de manera que las empresas que se establezcan (comiencen ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación del suelo) puedan obtener unas rentas no competitivas. Las normas o requisitos, fijados legalmente, deben ser lo suficientemente complejos o enrevesados como para permitir un fuerte grado de discrecionalidad en su aplicación. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir libremente a quienes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. Pero el privilegio se otorga a cambio de un determinado pago al político o, más frecuentemente, al partido. Por tanto, la corrupción consiste en el reparto entre ciertas empresas y los políticos de las rentas no competitivas creadas por decisión deliberada de estos últimos.

La corrupción tiende a generalizarse cuando el régimen político carece de mecanismos eficaces de control del poder, permitiendo que el comportamiento discrecional y arbitrario de los gobernantes se ejerza sin apenas impedimentos. Asi, la ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo. Cuando el intercambio de comisiones y favores se generaliza hasta el punto de constituir la regla más que la excepción en las operaciones de cierta envergadura, las relaciones corruptas dejan de ser ocasionales para convertirse en estables y continuadas (tramas corruptas) y la frontera entre lo público y lo privado acaba difuminándose en beneficio de una clase política y ciertos empresarios que actúan en clara connivencia a costa del contribuyente. El régimen resultante suele denominarse Cleptocracia. Los precios para la obtención de permisos y licencias (entre ellos, la controvertida recalificación del suelo) son bien conocidos por los participantes, así como las comisiones por la adjudicación de contratas públicas. No es necesaria la exigencia explícita de la contraprestación en cada caso pues todos conocen las reglas de juego y la forma de pago. Como consecuencia, las obras públicas suelen acarrear un coste final muy superior al que realmente corresponde, el valor del suelo queda sistemáticamente inflado y, si se privatizan empresas, éstas son vendidas a un precio muy inferior a su valor real. Muchas leyes, normas o disposiciones (estatales, autonómicas o municipales) que, a primera vista, parecen simplemente absurdas o contraproducentes, podrían tener como objetivo la creación de oportunidades adicionales de enriquecimiento para los partidos y para algunos dirigentes.

La cleptocracia genera una importante transferencia de rentas de los contribuyentes a los políticos y a ciertos grupos de presión cercanos al poder. Pero sus consecuencias son mucho más graves. Además de suponer una gran quiebra moral, la corrupción generalizada tiende a retorcer el espíritu de las leyes pues éstas acaban obligando y restringiendo a los ciudadanos pero dejan un amplio margen de actuación los políticos. Crean también incertidumbre (desconfianza por parte de lo inversores extranjeros) e inseguridad jurídica ya que las decisiones de las autoridades son imprevisibles, no ajustándose en realidad a las normas. Los principios de la competencia quedan en entredicho pues ésta se limita, en ciertos sectores, a aquellas empresas que gozan del favor oficial y, aunque algunas de ellas no desean participar en tan sucias actividades, acaban viéndose arrastradas debido a que el negocio queda cerrado para quien no paga el peaje. Desaparece así el fundamento del mercado ya que se prima a los menos honrados frente a los más competentes, con una gran pérdida de eficiencia, bienestar y posibilidades de crecimiento. Y el gasto público tiende a desviarse hacia aquellos proyectos que generan mayores comisiones para los partidos (generalmente las obras públicas) y no hacia aquellas necesidades sociales más perentorias. Muy típicas de las cleptocracias son las obras faraónicas.

Siendo tan graves las consecuencias de la corrupción generalizada, es necesario plantear y exigir unas reformas que establezcan los apropiados mecanismos de control del poder político, garanticen una efectiva separación de poderes y fijen unos sistemas adecuados de selección de los gobernantes. Y, sobre todo, determinen de forma inequívoca que el objetivo de las leyes debe consistir en garantizar la libertad de los ciudadanos y poner límites a la acción de los políticos y no al revés.

_________________________________________________________

Suscribirte a La Tercera Ola

Correo electrónico:

Consultar este grupo