Aunque, en los últimos tiempos, la productividad haya caído en España, este fenómeno no parece haber afectado a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas en aquello que se refiere a la aprobación todo tipo de leyes, normas y regulaciones ¿Hay algo que pueda explicar esta hiperactividad reguladora de las Comunidades Autónomas?
Se calcula que las administraciones regionales han promulgado en total unas 100.000 normas que, además de imponer enormes costes a los privados para garantizar su cumplimiento, resultan con bastante frecuencia incoherentes entre ellas, poniendo en peligro la unidad de mercado en el territorio español .
Veamos un ejemplo cercano. Hace unos meses, la aprobación de la ley de responsabilidad social empresarial en Extremadura provocaba una polémica que llevó al presidente de la Comunidad a responder en un artículo periodístico. En virtud de esta ley, se crean las “certificaciones de empresas socialmente responsables”, que expedirá un organismo autonómico encargado de ello. Podrán obtenerlas las empresas que lo soliciten y cumplan las normas descritas en la ley. Naturalmente, los criterios para la obtención de estos certificados, que duran dos años y deben ser renovados, no coinciden ni son coherentes con los que exige alguna otra autonomía que ha implantado otro sitema de certificación, como la Comunidad Valenciana. En el caso de Extremadura, las empresas que tengan la suerte de conseguir el certificado recibirán beneficios fiscales y tendrán preferencia en la obtención de subvenciones y en la adjudicación de contratos con la Administración Autonómica. Aunque en algún artículo crítico se califica esta ley de simple extravagancia, lo cierto es que el análisis económico encontró hace años algunas explicaciónes lógicas a este tipo de normas.
Una primera explicación de este tipo de leyes y regulaciones, que a todas luces resultan excesivas, innecesarias o contraproducentes, es que permiten a los políticos crear nuevos organismos, más burocracia y, como consecuencia, más puestos para colocar a los suyos. De este modo, estas acciones servirían meramente para expandir el poder y los privilegios de la casta política a costa del contribuyente, en perjuicio de las empresas. Éstas últimas incurrían en nuevos e importantes costes. Pero algún elemento hace sospechar que esta explicación es tan sólo una parte de toda la historia. Las grandes empresas regionales, grupo aparentemente perjudicado por estas normas o regulaciones, no sólo no suelen manifestar reparos ni ejercer oposición alguna sino que, con mucha frecuencia, se muestran favorables a ellas ¿Cómo puede entenderse algo así?
La explicación tiene ya algunos años en la literatura económica. A pesar de que, aparentemente, estas leyes se promulgan para favorecer al consumidor o al ciudadano en general, lo cierto es que muchas de las regulaciones tienen el objetivo de restringir la competencia, favoreciendo así a algunas empresas privilegiadas, que pueden obtener beneficios adicionales a costa de otros productores rivales y de los consumidores. El proceso por el cual algunas empresas o grupos de presión se alían con el poder político para conseguir un entorno normativo favorable se conoce como “búsqueda de rentas no competitivas”. Los gobernantes actúan muchas veces regulando en favor de ciertos grupos de interes, esto es, promulgando normas que restringen la competencia, expulsando a algunas empresas del mercado (siento que no haya referencias en wikipedia para estos dos conceptos en español). Asi, las empresas que permanecen hacen frente a menos competencia, pueden vender a unos precios mayores y, con ello, obtienen unas rentas no competitivas que a la larga se comparten con los políticos. Esta contraprestación de las empresas privilegiadas a los dirigentes pueden oscilar entre sufragar gastos para la campaña electoral, pago de comisiones, colocación de familiares, ofrecimiento de un puesto muy bien pagado en la empresa cuando el dirigente se retire de la política etc.
Esta regulación, cuyo objetivo es favorecer a algunas empresa, puede tomar muchas formas, algunas más evidentes que otras. A veces las autoridades fijan los precios directamente, en beneficio del vendedor. En otras ocasiones, el regulador establece la necesidad de licencias para llevar a cabo la actividad y las otorga de manera más o menos discrecional como un privilegio a las empresas con las que tiene relaciones. Por último, hay medidas más sutiles, que implican meramente un aumento de los costes en que deben incurrir todas las empresas. Resulta más complicado entender que estos costes adicionales puedan favorecer a algunos productores. Pero, en ocasiones, sólo hay algunas empresas que pueden permitirse este aumento de costes mientras que otras, generalmente más pequeñas, se ven obligadas a salir del mercado. Así, para las que pueden permanecer, el aumento final del precio compensa esos costes adicionales creados artificialmente con la regulación.
En conclusión, esta fiebre legislativa y reguladora autonómica puede estar respondiendo a acuerdos tácitos entre políticos regionales y algunas empresas para repartir un pastel a costa de otros empresarios, de los consumidores y de los contribuyentes. Motivo suficiente para que todo este torrente de leyes que salen de los Parlamentos Autonómicos, sea tratado de una manera mucho más crítica por parte de los ciudadanos y por parte de la prensa.
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Se calcula que las administraciones regionales han promulgado en total unas 100.000 normas que, además de imponer enormes costes a los privados para garantizar su cumplimiento, resultan con bastante frecuencia incoherentes entre ellas, poniendo en peligro la unidad de mercado en el territorio español .
Veamos un ejemplo cercano. Hace unos meses, la aprobación de la ley de responsabilidad social empresarial en Extremadura provocaba una polémica que llevó al presidente de la Comunidad a responder en un artículo periodístico. En virtud de esta ley, se crean las “certificaciones de empresas socialmente responsables”, que expedirá un organismo autonómico encargado de ello. Podrán obtenerlas las empresas que lo soliciten y cumplan las normas descritas en la ley. Naturalmente, los criterios para la obtención de estos certificados, que duran dos años y deben ser renovados, no coinciden ni son coherentes con los que exige alguna otra autonomía que ha implantado otro sitema de certificación, como la Comunidad Valenciana. En el caso de Extremadura, las empresas que tengan la suerte de conseguir el certificado recibirán beneficios fiscales y tendrán preferencia en la obtención de subvenciones y en la adjudicación de contratos con la Administración Autonómica. Aunque en algún artículo crítico se califica esta ley de simple extravagancia, lo cierto es que el análisis económico encontró hace años algunas explicaciónes lógicas a este tipo de normas.
Una primera explicación de este tipo de leyes y regulaciones, que a todas luces resultan excesivas, innecesarias o contraproducentes, es que permiten a los políticos crear nuevos organismos, más burocracia y, como consecuencia, más puestos para colocar a los suyos. De este modo, estas acciones servirían meramente para expandir el poder y los privilegios de la casta política a costa del contribuyente, en perjuicio de las empresas. Éstas últimas incurrían en nuevos e importantes costes. Pero algún elemento hace sospechar que esta explicación es tan sólo una parte de toda la historia. Las grandes empresas regionales, grupo aparentemente perjudicado por estas normas o regulaciones, no sólo no suelen manifestar reparos ni ejercer oposición alguna sino que, con mucha frecuencia, se muestran favorables a ellas ¿Cómo puede entenderse algo así?
La explicación tiene ya algunos años en la literatura económica. A pesar de que, aparentemente, estas leyes se promulgan para favorecer al consumidor o al ciudadano en general, lo cierto es que muchas de las regulaciones tienen el objetivo de restringir la competencia, favoreciendo así a algunas empresas privilegiadas, que pueden obtener beneficios adicionales a costa de otros productores rivales y de los consumidores. El proceso por el cual algunas empresas o grupos de presión se alían con el poder político para conseguir un entorno normativo favorable se conoce como “búsqueda de rentas no competitivas”. Los gobernantes actúan muchas veces regulando en favor de ciertos grupos de interes, esto es, promulgando normas que restringen la competencia, expulsando a algunas empresas del mercado (siento que no haya referencias en wikipedia para estos dos conceptos en español). Asi, las empresas que permanecen hacen frente a menos competencia, pueden vender a unos precios mayores y, con ello, obtienen unas rentas no competitivas que a la larga se comparten con los políticos. Esta contraprestación de las empresas privilegiadas a los dirigentes pueden oscilar entre sufragar gastos para la campaña electoral, pago de comisiones, colocación de familiares, ofrecimiento de un puesto muy bien pagado en la empresa cuando el dirigente se retire de la política etc.
Esta regulación, cuyo objetivo es favorecer a algunas empresa, puede tomar muchas formas, algunas más evidentes que otras. A veces las autoridades fijan los precios directamente, en beneficio del vendedor. En otras ocasiones, el regulador establece la necesidad de licencias para llevar a cabo la actividad y las otorga de manera más o menos discrecional como un privilegio a las empresas con las que tiene relaciones. Por último, hay medidas más sutiles, que implican meramente un aumento de los costes en que deben incurrir todas las empresas. Resulta más complicado entender que estos costes adicionales puedan favorecer a algunos productores. Pero, en ocasiones, sólo hay algunas empresas que pueden permitirse este aumento de costes mientras que otras, generalmente más pequeñas, se ven obligadas a salir del mercado. Así, para las que pueden permanecer, el aumento final del precio compensa esos costes adicionales creados artificialmente con la regulación.
En conclusión, esta fiebre legislativa y reguladora autonómica puede estar respondiendo a acuerdos tácitos entre políticos regionales y algunas empresas para repartir un pastel a costa de otros empresarios, de los consumidores y de los contribuyentes. Motivo suficiente para que todo este torrente de leyes que salen de los Parlamentos Autonómicos, sea tratado de una manera mucho más crítica por parte de los ciudadanos y por parte de la prensa.
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Querido Juan Manuel. Esa ley de Extremadura, está para que cuatro "privilegiados", se lleven las subvenciones, no para crear empleo o riqueza. Y muchas de las leyes de las CCAA, son para cosas similares. No verá Vd. que se preocupen del paro o de la creación de empresas rentables por emprendedores. Eso al político usurpador y ladrón le interesa muy poco.
ResponderEliminarUna experiencia personal: Hace 3 años volví a la Universidad a estudiar a distancia temas relacionados con derecho.
ResponderEliminarCon mi formación en ingeniería y economía vi que no se me daba del todo mal el derecho civil, el mercantil, el fiscal, etc.
Pero el problema aparecía cuando una vez que había conseguido entender y aprender la legislación nacional entonces, a continuación, aparecían una decena o más de variantes autonómicas: similares en algunas partes, con diferencias en otras e incluso con contradicciones.
Me era imposible memorizarlas todas y mezclaba las que se parecían con las que divergían.
Frente a ello, la solución de los profesores siempre era misma: cada alumno que se estudie la nacional y la de su Comunidad Autónoma.
Como alumno era una solución de agradecer, pero como ciudadano el mensaje es espantoso "no esperamos que consigas que tu área de actividad vaya más allá de tu Comunidad Autónoma".
Antonio Salmerón
http://www.jueju.es
En Murcia se creo una INSTITUCION,Instituto de Fomento de la Región de Murcia.Solo se ha dedicado a robar dinero para 4.Las autonomías todas...todas crean SUS CASTAS.
ResponderEliminarRiqueza no generaran,pero robo y saqueos..tela
En efecto, las Autonomías están para exprimir al personal, ya que se han formado y aumentado, en su mayoría, con personas afines a los políticos de turno, que cuando entran, procuran clavarse al puesto, "el chollo de su vida", y demuestran su inutilidad, haciendo cosas sin sentido (normalmente el conocimiento de los temas que tratan, es mínimo), los ejemplos son demasiados, y no merece citarlos, con este gobierno, tenemos los periódicos llenos, y que vamos a decir de las Autonomía
ResponderEliminarKali Rossi;
ResponderEliminarY qué opináis de que en Cataluña "quieran" (?) la independecia? No será que las grandes empresas están promoviendo esta idea con el único fin de lucrarse ellos? Muy lejos están de ser patriotas. Les importa un comino el pueblo catalán. Los catalanes de a pie no se beneficiarían en NADA si llegase tal independencia que por otra parte veo utópica.
"¿Hay algo que pueda explicar esta hiperactividad reguladora de las Comunidades Autónomas?"
ResponderEliminarAntes de seguir leyendo el resto del post, contesto: SI, justificar su existencia y un periodo de sesiones que abarque todo el año.
Senado de Texas, 23 millones de ciudadanos, 31 miembros (http://www.senate.state.tx.us/75r/Senate/Members.htm)
"En virtud de esta ley, se crean las “certificaciones de empresas socialmente responsables”, que expedirá un organismo autonómico encargado de ello"
ResponderEliminarEn virtud de esa ley más cargos políticos, más funcionarios y más burocracia.