No importaba quien convocase la manifestación. Las cifras de asistentes facilitadas por los organizadores, la policía, las autoridades o la prensa, guardaban entre si desproporciones colosales, como si cada uno de estos grupos perteneciese a una distinta dimensión del Universo.
Finalmente, la cantidad que llegaba con más intensidad al ciudadano medio se encontraba mucho más cercana a la mera propaganda que a un cálculo mínimamente riguroso. Al menos, hasta hace poco: nuevos métodos para contar los manifestantes han traído un poco de cordura, apartándonos de las cifras millonarias. Como de costumbre, los políticos y la prensa no salen muy bien parados en toda esta historia.
Considerando que ya en la Grecia clásica algunos estudiosos fueron capaces de estimar con bastante aproximación las dimensiones de la Tierra, resultaba muy sorprendente que, en la era de la tecnología más avanzada, los cálculos de asistentes a una misma manifestación pudieran oscilar entre “más de dos millones” y “menos de cien mil”. Por suerte algunas empresas, como Lynce , han desarrollado una técnica para contar el número de manifestantes, que parece surtir el efecto de ir inhibiendo ciertas exageraciones.
El método consiste en realizar un número adecuado de fotografías desde lugares elevados (incluido un globo) y tomas de video. Los manifestantes se cuentan a través de un programa de tratamiento fotográfico, que es capaz de asignar un número a cada persona aunque los resultados deban ser depurados manualmente. El recuento no es absolutamente preciso pero su porcentaje de error puede situarse sobre el 10% o el 20%. Aún así, permite conocer la cifra en un orden de magnitud bastante fiable.
Dos manifestaciones de un tamaño similar, pero de tendencia muy opuesta, sirven como buenos ejemplos. En octubre de 2009, varios colectivos sociales convocaron una manifestación en Madrid en contra de la reforma de la ley del aborto. Mientras los organizadores hablaron de dos millones de asistentes, la Comunidad de Madrid contabilizó 1,2 millones y la policía municipal 250.000, la empresa Lynce contó tan sólo 55.316. En julio de 2010, otras entidades organizaron una manifestación en Barcelona en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Mientras los organizadores cifraban los asistentes en 1,5 millones y la guardia urbana de Barcelona calculaba 1,1 millones, la citada empresa contó 64.000.
¿Debemos pensar que hasta el desarrollo de estas nuevas técnicas nadie conocía las verdaderas cifras? Por supuesto que no. Las autoridades, la prensa y muchas otras personas siempre las han sabido, con cierta aproximación. En cada manifestación importante, uno o varios grupos se encargaban de medir la superficie ocupada por los manifestantes y de estimar su densidad, esto es, el número de personas por metro cuadrado. Una simple multiplicación hacía el resto. Pero la lucha entre la aritmética y la propaganda casi siempre se decantaba a favor de esta última. Así, en ocasiones se ofrecía un número de manifestantes que de ningún modo hubiesen entrado en todo el espacio de la marcha, por mucho que se apretasen. La única diferencia estriba en que, ahora, la propaganda política tiene mucho más difícil el combate frente a unas fotografías que asignan un número a cada persona.
Que las entidades o partidos organizadores intenten inflar las cifras es algo a lo que no debemos dar gran importancia pues son parte interesada y, de algún modo, entra dentro de esas reglas del juego. Las manifestaciones se convocan para lograr la máxima repercusión en la reivindicación o protesta y el número de asistentes es una medida de su impacto.
El problema surge en el comportamiento de los agentes que deberían actuar con objetividad: los Organismos del Estado y la Prensa.
No pagamos nuestros impuestos para que los Organismos Públicos (sea la Delegación del Gobierno, la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento) manipulen deliberadamente la información sobre las cifras, en el sentido que más conviene a los políticos que los gobiernan. Aunque nos encontremos ante un problema menor, si lo comparamos con otros, queda patente una utilización partidista e interesada de los poderes del Estado por parte de los políticos cuando la Administración tiene la obligación de actuar con objetividad y aplicar las normas con rigor.
Por su parte, los medios de comunicación pueden y deben dar su opinión pero su papel fundamental consiste en proporcionar información veraz y fidedigna, no manipularla con fines políticos. Cierto que en muchas ocasiones la prensa recogía en el desarrollo de la noticia las diferentes estimaciones del número de manifestantes. Pero su titular, lo que más llega al lector, solía hacer referencia a aquella cifra que más se adaptaba a sus intereses.
Llegamos a la conclusión de que, al contrario de lo que nos ha contado la propaganda de signo variado, la participación en actos políticos en España parece haber sido ciertamente escasa. Es probable que muy pocas manifestaciones hayan sobrepasado las 100.000 personas, si es que ha habido alguna. Así, una asistencia de 30.000 personas en Madrid o Barcelona, o de 10.000 en otras ciudades más pequeñas, debería considerarse un éxito. Es otra de las señales que nos muestra el muy reducido protagonismo de los ciudadanos en política durante las últimas décadas.
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